Buscan recuperar dinero perdido en Ficrea
La diputada de Unidad Democrática de Coahuila, Zulma Guerrero, pidió al Gobierno de Coahuila solicitar a las autoridades del Estados Unidos la de devolución de 125 millones de pesos que corresponden al fraude realizado por Ficrea al Poder Judicial de Coahuila.
La legisladora Zulma Guerrero y Emilio de Hoyos hicieron la petición tras darse a conocer que el pasado 29 de mayo Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien fuera socio mayoritario de Ficrea S.A. de C.V., fue detenido por autoridades de Estados Unidos a petición de la Fiscalía General de la República. Se le atribuye diversos delitos, entre ellos lavado de dinero.
“Tomando en cuenta que las autoridades norteamericanas tendrán el aseguramiento de sus bienes y cuentas bancarias, y con el fin de garantizar la restitución del daño patrimonial del estado de Coahuila, es que el Gobierno del Estado, solicite a las autoridades texanas la restitución del recurso público citado”, dijo.
En el documento presentado ante el Pleno del Congreso Local se argumenta que el citado fraude causó un daño patrimonial al estado de Coahuila.
ANTECEDENTES
En el año 2014 se dio a conocer que el entonces magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Gregorio Alberto Pérez Mata, hoy jubilado, realizó diversas inversiones de dinero público en la Sociedad Financiera Popular denominada Ficrea S.A. DE C.V.
De acuerdo con la cifras oficiales, corresponden a un monto total de aproximadamente 125 millones 600 mil pesos, operaciones que se realizaron entre los años 2010 y 2014.
Esta información fue publica al darse a conocer que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), determinó intervenir en el funcionamiento de Ficrea S.A. DE C.V al detectar múltiples irregularidades en la operación de la sociedad, irregularidades que se tradujeron en fraude a más de 6,800 ahorradores mexicanos por un monto superior a los 6 mil 500 millones de pesos.
Ficrea S.A de C.V brindaba servicios financieros, como productos de inversión, ahorro y créditos desde el año 2008, empresas que son reguladas por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
“De acuerdo con las propias autoridades financieras, el fraude se fraguó, presumiblemente, por una serie de triangulaciones ilegales de los fondos obtenidos por la empresa”, se indica en el documento presentado ante el Congreso Local.