Autoriza Coahuila realizar obras con IP
Fue el pasado 13 de noviembre cuando el Congreso de Coahuila aprobó la Ley de Asociación Público Privadas enviada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
Este esquema ya ha sido implementado en México, y ahora se armoniza la ley en el estado.
El gobierno de Coahuila argumentó que se busca impulsar la economía, incentivar el desarrollo, atraer la inversión y mejorar la calidad de los servicios públicos en el estado .
"…en la presente iniciativa se busca robustecer la legislación en materia de asociaciones público privadas para fomentar la inversión en infraestructura de una manera más eficiente, en armonía con la legislación federal competente y en línea con las mejores prácticas internacionales", indicó en el documento enviado a los legisladores.
Destacó que a nivel internacional, se ha usado este tipo de esquemas para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos con capitales privados.
El origen de este tipo de proyectos proviene del esquema conocido como "Private Finance Initiative" (Iniciativa de Financiamiento Privado), creado por el gobierno británico en 1992.
En México, los esquemas de asociaciones público privadas son aquellos que se realizan por medio de cualquier contratación celebrada entre un desarrollador y una entidad pública para inversión en el desarrollo de obra pública, infraestructura, provisión de equipamiento, investigación aplicada, tecnologías, licencias, mantenimiento, instalación u operación de equipo o infraestructura o, la prestación de servicios públicos, a un plazo no menor a cinco años y no mayor a 50.
Cabe mencionar que los bienes aportados por las asociaciones pueden ser propiedad de la participación pública.
ANTECEDENTES
De acuerdo a información presentada por el gobierno de Coahuila, el primer modelo de este tipo en llegar a México fue el proyecto de infraestructura diferido en el registro del gasto (Pidiregas), introducido a la legislación mexicana federal a través de la reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley General de Deuda Pública en 1995.
OBRA PÚBLICA
En este nuevo esquema, será el Comité de Proyectos quien tendrá la tarea de analizar los proyectos y se requeriría autorización del Congreso del Estado de Coahuila para la implementación. Los legisladores analizarán la capacidad de pago de la entidad pública interesada y autorizaría los activos a afectarse para el pago de la contraprestación correspondiente.
En materia de transparencia, se indicó que surgirá la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento que permitan a los habitantes del estado de Coahuila conocer el actuar de las autoridades.
Se incrementan las obligaciones de publicidad y transparencia de la información respecto de los proyectos de asociaciones público privadas, incluyendo la publicación de los que se encuentren en etapa de estudio y análisis, así como de los ya ejecutados o en proceso de contratación.
DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO
Como el proyecto de ley dispone que para la contratación de asociaciones público privadas se requerirá autorización del Congreso, por dos terceras partes de sus miembros presentes se determinó que, la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con su capacidad de pago, podrá asumir obligaciones y obligaciones contingentes, y aportar al proyecto bienes, derechos, capital o cualquier otro bien o recurso que esté legalmente facultado para ello, previa obtención de las autorizaciones y de la autorización de los diputados.
Se deberá considerar la capacidad de pago de la contratante a cuyo cargo estarían las obligaciones correspondientes, el destino del proyecto de asociación público privada y el otorgamiento de recursos como garantía o fuente de pago de las obligaciones a cargo de la contratante.
La empresa que participe deberá llevar a cabo el proyecto, se le turnará al titular del Poder Ejecutivo del Estado o en su caso, al presidente municipal, para que a su vez se presente dicha iniciativa ante el Congreso para su aprobación.
Previo a la presentación de la iniciativa por parte del presidente municipal correspondiente al Congreso, se deberá contar con acuerdo aprobado por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento respectivo.
La iniciativa será analizada y en su caso aprobada emitiéndose el decreto que contenga la autorización legislativa correspondiente, mismo que deberá incluir, como mínimo, el monto autorizado de las obligaciones a incurrir, el plazo máximo autorizado para el pago, el destino de los recursos, y en su caso, la fuente de pago o la garantía de pago de la obligación de que se trate.
OBRAS CON RECURSOS PÚBLICOS
En Coahuila ya hay obras de este tipo como el Centro de Conveniciones de Saltillo, donde se contó con recursos provenientes de empresarios.
El gobernador Miguel Riquelme ha dicho que también se harán otros proyectos como los Centros de Gobierno de Saltillo, de Torreon, de Monclova, así como de Piedras Negras y la región carbonífera. Los últimos dos en 2021.
DEUDA DE COAHUILA
Desde la administración del gobernador interino de Humberto Moreira, Jorge Torres, la deuda bancaría de Coahuila ha rebasado los 30 mil millones de pesos.
De 2011 a la fecha, esta deuda bancaria ha sufrido tres renegociaciones con los bancos.
En el gobierno de Miguel Riquelme se han recurrido a la petición de créditos a corto plazo para gasto corriente.
De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Finanzas, la deuda bancaria es de 37 mil 169 millones de pesos, al corte de mayo.
El gobernador ha manifestado su interés por no solicitar más créditos, aunque no descarta hacerlo a fin de año por los imprevistos suscitados por la pandemia. Por ello, con este esquema espera que ya no se genere más deuda.