Parece cuando menos extraño que un colaborador de una banda mexicana de narcotraficantes, militar en retiro, haya decidido visitar Estados Unidos donde no tendría ninguna protección contra una acción penal. Más curioso es que lo haya hecho en compañía de su familia, en plan de vacaciones. El general Salvador Cienfuegos, secretario de defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no parece haber tenido ni asomo de sospecha de que estaba siendo investigado o de que hubiera una orden de aprehensión en su contra en la Unión Americana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco lo sabía. Se enteró de la detención por su canciller Marcelo Ebrard, a quien el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, le informó previamente. López Obrador declaró: "No existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con el narcotráfico, no existe", aunque también comentó: "A mí me informó hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo y que involucraba al señor general Cienfuegos, pero no había nada oficial".
El exsecretario de defensa enfrenta tres acusaciones por conspiración para manufacturar, producir e importar narcóticos a Estados Unidos y otra por lavado de dinero. El pliego de consignación de Richard P. Donoghue, fiscal del distrito este de Nueva York, no revela ni las pruebas, ni los montos exactos de las drogas, ni las fechas en que se produjeron los presuntos actos criminales. La información disponible sugiere que el caso se sustenta en declaraciones de testigos protegidos, en mensajes de Blackberry de narcotraficantes que se refieren a un personaje que llaman el Padrino y, quizá el punto crucial, en un comentario en Blackberry de que el Padrino estaría en televisión en un momento en que el secretario de defensa aparecía en pantallas mexicanas. Al parecer, el general favoreció a un grupo criminal en particular, el H-2, de Nayarit.
El propio presidente López Obrador ha recomendado mantener la presunción de inocencia: "Desde luego, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios". De confirmarse las acusaciones, sin embargo, las consecuencias serían enormes. Dada la estructura jerárquica del ejército, de cualquier ejército, el secretario de defensa no habría podido operar en favor de un grupo de narcotraficantes sin el conocimiento o el apoyo de un número muy grande de sus subordinados. Por eso el presidente declaró que "todos los que resulten involucrados, que estén actuando en el Gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes". La decisión, si se aplica, podría afectar a una parte muy importante de la estructura superior del ejército. Si bien el actual secretario, el general Luis Cresencio Sandoval, no era cercano a Cienfuegos, sí fue subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Desde ese cargo es difícil que no hubiera detectado una colaboración con el narcotráfico.
No es este un caso que se pueda juzgar por dogmas ideológicos. Necesitamos pruebas. Si realmente las acusaciones son ciertas, sería necesario hacer una limpia muy a fondo en el ejército, y también reconsiderar la decisión del presidente de entregar la responsabilidad de la seguridad del país a las fuerzas armadas.
INSTRUCCIONES
La Comisión Reguladora de Energía estaba antes integrada por expertos independientes. Ahora, en la sesión del 6 de octubre para restringir el autoabasto de electricidad, el nuevo comisionado José Alberto Celestinos Isaacs, de 91 años, mostró en su voto la filosofía de la Cuarta Transformación: "De acuerdo con seguir las instrucciones de la Presidencia de la República".