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Esta lunes se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de seis elementos de la policía preventiva municipal de Piedras Negras, derivado de la denuncia presentada en su contra por los delitos de robo agravado, abuso violento de autoridad y detenciones punibles; vinculando a proceso solo a dos de los agentes preventivos.
Lo anterior, derivado de la denuncia presentada por Rafael Balderas Nájera, de oficio albañil y en la cual dio a conocer su detención arbitraria y presuntos actos de tortura; además de diversas comparecencias adicionales narrando las detenciones de las que fue objeto el 12 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023.
Para mayor referencia, corresponde al caso del video que circuló en redes sociales donde se observa el momento de su detención en la colonia Villas del Carmen, a principios del presente año.
La citada audiencia se llevó a cabo desde las 10 de la mañana y concluyó después de las cinco de la tarde, dado que los seis policías municipales solicitaron que se resolviera hoy mismo su situación jurídica; una vez que se les dio a conocer el motivo por el cual eran investigados.
Los agentes que fueron citados a dicha audiencia de formulación de la imputación fueron identificados como: Juan José "N", Miguel "N", Arturo "N", Oscar "N", Rafael "N" y Lucas "N". Quienes acudieron al Centro de Justicia Penal Acusatorio en dos unidades de la policía preventiva municipal y algunos de ellos con su uniforme.
Durante la audiencia el ministerio público y la asesora jurídica Ariana García Bosque, en representación de la víctima Rafael Balderas Nájera, dieron a conocer los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2022 y el 15 de enero de 2023; además de presentar una extensa lista de datos de prueba para acreditar cada uno de los delitos mencionados inicialmente.
Tras la imputación y presentación de datos de prueba, el juez de la causa Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, determinó que solo contaba con elementos de prueba para vincular a proceso a los elementos Arturo "N" y Miguel "N" y solo por el delito de detenciones punibles (detención ilegal).
Posteriormente, el ministerio público solicitó un periodo de seis meses para concluir con la investigación complementaria, mientras que la defensa de los oficiales consideró que era demasiado tiempo y pidió que fueran tres meses. El juez determinó otorgar un plazo de tres meses y en caso de ser necesario, el ministerio público puede solicitar una ampliación del plazo.
Como medida cautelar, el ministerio público solicitó la prisión preventiva justificada, manifestando que se trata de elementos en activo y ante hechos de intimidación anteriores que manifestó la víctima en su denuncia y porque una discrepancia en los domicilios otorgados por los agentes municipales en diversas diligencias; por lo que consideraba la posibilidad de que se evadieran.
La defensa argumento que los policías cuentan con su trabajo en esta ciudad y puso de ejemplo que se presentaron de forma voluntaria a la audiencia.
Finalmente, el juez dictaminó como medidas cautelares, la suspensión de sus labores como elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, presentación periódica el día último de cada mes en la Unidad de Medidas Cautelares de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región norte I con sede en Piedras Negras.
También se les impuso la medida cautelar de no salir del país, no salir de la ciudad, no acercarse a la víctima, ni a su domicilio a una distancia de 100 metros; además de no tener contacto por terceros con la víctima, ni los testigos. Todo ellos por el tiempo que dure el citado proceso penal.
Cabe mencionar que, el juez Rodríguez Ríos apercibió a los agentes Arturo 2N" y Miguel "N", que de no cumplir con las medidas cautelares correspondientes, pueden ser arrestados por un periodo de 36 horas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
E inclusive, les manifestó que en ese periodo podrían ser llamados a un audiencia en la que se podrían modificar las medidas cautelares, que incluye la solicitud realizada por el ministerio público, de la prisión preventiva justificada.