(EL SIGLO DE TORREÓN)
Para que promuevan y difundan dentro de la cultura ambiental los derechos de la naturaleza ante el acelerado cambio climático que altera el hábitat en el planeta y que cada día empeora con consecuencias catastróficas para la vida de todas las especies, el Congreso del Estado exhortará en ese sentido a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y del Medio Ambiente del Estado.
Este exhorto lo hará el Congreso en cumplimiento a un punto de acuerdo aprobado por unanimidad de votos de las y los diputados durante la cuarta sesión del Segundo Periodo de la Diputación Permanente, planteado por la diputada Yolanda Elizondo Maltos.
Por lo anterior, expuso que los derechos de la naturaleza comenzaron a gestarse con la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 28 de octubre de 1982.
En dicha carta, los países firmantes se comprometieron a adoptar medidas encaminadas a respetar y conservar el entorno natural, mediante el reconocimiento del valor intrínseco de todos los seres vivos.
Dijo que, en 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en reconocer, expresa y constitucionalmente, que los entes de la naturaleza son sujetos o titulares de derechos, bajo la premisa de que la “Pacha Mama” (como ellos le llaman a la Madre Tierra) como elemento vital para la existencia de todas las especies en su conjunto, debía ser protegida a través de una constitución ecológica.
Añadió que, a partir de la iniciativa de Ecuador, países como Bolivia y Colombia iniciaron procesos de cambio constitucional mediante los cuales, no solamente dieron reconocimiento a los derechos de la naturaleza, sino que establecieron como garantía para su protección, la posibilidad de que toda persona y autoridad pública pueda exigir su cumplimiento.
“En México, ni el Congreso de la Unión ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reconocido la protección de los derechos de la naturaleza como ente vivo en la Constitución, ni en la legislación ordinaria”, sostuvo.
Indicó que, si bien la Suprema Corte no admite a ningún ecosistema como titular de derechos ni da reconocimiento de la personalidad jurídica de los recursos naturales como lo hacen en Ecuador, Bolivia y Colombia, lo cierto es que poco a poco ha transitado hacia una perspectiva en donde acepta la importancia de proteger a todos los organismos vivos del planeta y esto se ve reflejado en los criterios de diversos amparos en revisión.
“Garantizar la protección de los derechos de la naturaleza como elemento indispensable para alcanzar el estado de bienestar, se inscribe bajo la lógica proteccionista de los derechos humanos; sin embargo, con el aceleramiento del cambio climático, lo que actualmente se necesita con urgencia es que nuestras Instituciones encargadas de garantizar el acceso al derecho a un medio ambiente sano, fomenten y difundan la importancia de cuidarlo y dar paso a la salvaguarda de los derechos de la naturaleza”, concluyó.