Piden TEPJF e INE poner fin a la violencia política

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) condenaron la violencia que han padecido candidatas y candidatos durante el actual proceso electoral y llamaron a los ciudadanos a promover, con su voto, el ejercicio de los derechos político-electorales en condiciones de tranquilidad y paz.

"La violencia no puede determinar, de ningún modo, un proceso electoral y el Estado debe garantizar que quien use la violencia asuma las consecuencias jurídicas que correspondan" expresó la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis.

Otálora y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se sumaron a la campaña #AltoALaViolenciaPolitica y al acompañamiento a las más de 30 organizaciones que integran el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México en contra de las agresiones que se ha presentado en el proceso electoral en curso.

Ambos inauguraron la Décimo Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Observatorio, donde Malassis destacó que el ejercicio de los derechos político-electorales no debe y no puede tener como costo la integridad, la seguridad ni la tranquilidad de nadie.

La violencia es un problema estructural que de ningún modo puede resolverse desde un enfoque exclusivamente penal, sin embargo, explicó, los órganos jurisdiccionales pueden aportar a la erradicación de violencia a partir de tres enfoques.

Primero, con actuación de "un tribunal electoral sólido, que se sostenga a partir de sus criterios y de la congruencia, segundo, agregó, el enfoque de género y "reparaciones transformadoras que se hagan cargo, en la medida de lo posible, de las cuestiones estructurales que generan la violencia, más allá del caso concreto".

Es –dijo- "necesario el reproche jurídico a quienes cometen actos de violencia y el establecimiento de acciones efectivas para atenderlos, más allá de la respuesta que hasta ahora ha dado el derecho electoral".

Y, en tercer lugar, mencionó que se deben "mirar los asuntos que se someten a nuestra consideración con un enfoque integral y hacernos cargo de las repercusiones que tienen nuestras decisiones, tanto a nivel individual, como sería el empoderamiento de las víctimas y dignificar a las comunidades implicadas, pero tienen también un impacto social, fortalecer la legitimidad y la credibilidad de las instituciones y la confianza en los comicios que esa es nuestra responsabilidad".

La violencia no puede determinar, de ningún modo, un proceso electoral y el Estado debe garantizar que quien use la violencia asuma las consecuencias jurídicas que correspondan, agregó la magistrada.

Córdova Vianello también rechazó los asesinatos y consideró inadmisible que se presenten casos de violencia que "incurren en el buen desarrollo del proceso electoral, caracterizado por una vigorosa participación ciudadana, aunque dicha violencia no ha tenido, como principal objetivo, obstaculizar la organización de las elecciones", reportó el TEPJF en un comunicado.

Informó que de diciembre de 2017 a la fecha se han registrado 19 asesinatos, 13 hombres y seis mujeres precandidatos y candidatos.

"Una sola muerte es suficiente para indignarse y ser rechazada, una sola muerte empaña el buen desarrollo de unas elecciones. Todas esas muertes, sean de mujeres u hombres son absolutamente reprobables y lamentables", dijo al llamar a "preservar nuestras libertades y establecer condiciones para el ejercicio de nuestros derechos político-electorales en condiciones de tranquilidad y paz".

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso también se pronunció contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y su expresión más extrema en la muerte de candidatas, de candidatos, de aspirantes a participar en el libre ejercicio de sus derechos político-electorales.