Desfavorable, atención a recomendaciones de minas

Aún cuando hace 7 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un informe con recomendaciones sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera, es fecha que el grado de cumplimiento ha sido medio-bajo, lo cual ha significado una débil atención en la precariedad de la actividad minera.

El estudio sobre el cumplimiento e impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y pronunciamientos de la CNDH. Tomo I. Niñas, niños y adolescentes presenta un diagnóstico sobre los alcances y el grado de cumplimiento.

Dentro del mismo, se hace una evaluación en varios aspectos de los nueve Instrumentos de Posicionamiento (IP), entre ellos del Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la zona carbonífera de Coahuila emitido en el año 2011, donde fueron dirigidas 24 recomendaciones.

Además comprende informes emitidos desde el año 2001 hasta el 2017, mientras que la última evaluación se llevó a cabo en marzo de este año.

De las 24 recomendaciones, ocho fueron a la Secretaría de Economía, doce a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y cuatro al Gobierno del Estado de Coahuila.

Cabe destacar que el grado de cumplimiento y el cumplimiento de estas 24 recomendaciones figuraron con un semáforo amarillo, mientras resaltó en números rojos, el alcance del cumplimiento.

Se informó que en el cumplimiento o aceptación las autoridades han cumplido con 11 de las 24 recomendaciones que contiene el IP.

Dado que las autoridades cumplieron con 45 % de las recomendaciones, se consideró que su nivel de cumplimiento fue medio-bajo.

Resaltó que las autoridades han cumplido de modo poco satisfactorio, en general, aunque se percibe mayor compromiso y responsabilidad por parte de las autoridades locales.

En el estudio fue revelado que las respuestas de las autoridades estatales han sido más satisfactorias que las emitidas por el Gobierno federal, quienes han enviado respuestas incompletas, pues sólo cumplieron con 11 puntos recomendatorios, seis de manera satisfactoria y cinco parcialmente.

Añadió que las recomendaciones que han sido atendidas por parte de las autoridades son de carácter programático y operativo, mientras que dos de ellas son de carácter normativo, como ejemplo, el convenio entre Gobierno del Estado y Gobierno federal y modificaciones en la Ley Federal del Trabajo.

Explicó que en relación a las respuestas formales emitidas por las autoridades, en una gran cantidad de casos se respondió a las solicitudes mediante evasivas fundamentadas de forma legal, en el sentido de que manifestaron no ser competentes en el tema. En otros casos, se encontró información escueta al límite de la suficiencia, así como también algunas respuestas contundentes, de las subsecretarías del Gobierno del Estado de Coahuila.

En relación a la "calidad" de las acciones efectuadas por las autoridades sobre el tema tratado en el IP, se considera que han sido débiles, lo cual es ampliamente confirmado por organizaciones de la sociedad civil.

"La opacidad de un importante sector de la actividad minera contribuye en buena medida a la debilidad en las acciones implementadas. Como bien lo establece el informe elaborado por la organización Familiares de Pasta de Conchos", destacaron.

Se mantuvo precariedad de actividad minera

En el estudio además se da a conocer que el registro de las 115 muertes ocurridas entre el año 2006 y 2017, realizado por la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), sin contar el accidente Pasta de Conchos, existen dos datos que dan cuenta de la precariedad generalizada en la minería entre esos años.

Por un lado, 62 % del total de muertes dentro de la minería del carbón han sucedido en los Pozos y Cuevas con 53 y 19 muertes respectivamente, que son las dos modalidades más precarias, inseguras y alejadas de los estándares legales para la producción minera.

Además informó que del total de 34 empresas que han sufrido siniestros fatales, 23 eran clandestinas al momento del evento, de 4 no se tiene información, y sólo 7 de ellas operaban conforme a la ley.

Estos datos indican que, junto con algunos avances en materia de inspección y supervisión a partir del año 2013, no se ha logrado dar solución a la minería clandestina e ilegal, que no sólo mantiene una situación de precariedad para sus trabajadores, sino que tampoco cuentan con los requisitos mínimos establecidos para otorgarles seguridad física e higiene.