El día de ayer la senadora Olga Sánchez Cordero de 71 años de edad, ex ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y próxima Secretaria de Gobernación, presentó una iniciativa de ley que abriría el paso para que México despenalizara formalmente el uso de la marihuana para usos medicinales, industriales, cultivo, comerciales y hasta lúdicos.
Por supuesto que la propuesta no habla de una liberación absoluta de la comercialización de la hierba, pero si da espacio suficiente para que con el tiempo, el acceso a esa droga deje de estar prohibido y con ello, paulatinamente desaparezca el mercado negro que tanto dinero les genera a los narcotraficantes.
La decisión de la senadora Sánchez es a todas luces valiente y a la vez controversial, el que se rompa el paradigma de que las drogas que hoy son prohibidas por la ley son necesariamente perniciosas (como lo son, en mayor o menor medida) deben permanecer proscritas por el daño que cause a la salud.
A simple vista, pareciera que no habría discusión, si se acepta que el consumo de drogas es malo para la salud. El problema surge en primera instancia es preguntarse si ese fuera un argumento irrebatible, ¿ por qué el tabaco o el alcohol son permitidos, si es claro que los dos dañan y general adicción? El tabaco podría excluirse porque ciertamente su consumo poco altera el comportamiento de aquel que lo consume, a diferencia de las bebidas etílicas que luego de cierta dosis dependiendo del consumidor necesariamente ve alterado su estado mental, tanto en lo sicológico como en lo motriz. Con sus particularidades, el consumo del alcohol y el del cannabis tienen ciertas semejanzas.
Otro concepto más filosófico sobre la iniciativa valiente de doña Olga tiene que ver sobre la libertad del individuo de decidir sobre su cuerpo versus la imposición del Estado sobre un asunto personalísimo. Claro está que quienes están a favor de la prohibición pueden esgrimir que el consumo de ciertas sustancias generan adicciones que propiciaran un problema de salud pública que a la postra incidirá el gasto público. También cabría contrarrestar el derecho de la libertad individual contra el de seguridad, ya que la persona que esté bajo los influjos de la marihuana en este caso resulta potencialmente para lo sociedad, pero ¿acaso un borracho en un volante o en un centro social no es también un peligro latente?
Sin embargo el punto más caliente de todo esto es el efecto que se ocasionará en el tiempo al crimen organizado. En una regla elemental de mercado, cualquier producto que tenga demanda y que pese sobre él una prohibición expresa, adquiere un precio mayor y por lo tanto un apetito por comercializarlo. En caso de aprobarse la propuesta de la senadora, al pasar las semana el costo de la marihuana descenderá por causas obvias y el mercado negro caerá y por consecuencia los ingresos de los traficantes de esa producto se verán sensiblemente menguados.
Habrán gente que legítimamente prefiera que la marihuana siga prohibida, para que ésta no llegue tan fácil a sus hijos, otros preferimos que aun con ese riesgo más vale la libertad de que cada quien decida qué consume y de paso arrebatar un ingreso ilícito aquellos que con las ingentes ganancias que obtienen por la distribución de narcóticos, se hacen del poder suficiente para generar la violencia extrema a la que por más de una década hemos padecido los mexicanos en términos generales.
Evidentemente el narcotráfico no desaparecerá ni remotamente, vender drogas sintéticas y cocaína y mucho mayor negocio que el mercado de la mota, por lo que los mafiosos seguirán operando. No obstante, el arrojo para despenalizar la mota es un paso que golpeará aunque sea marginalmente el bolsillo de muchos perversos, respetará la libertad de los individuos aun con el riesgo que los índices de consumo crezca, lo cual sólo se podrá medir tiempo después de la evidente liberalización.