Piden 'ajustar' definición de obra pública para evitar deuda
En la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE) manifestó preocupación por el tema de la deuda pública, al indicar que esta debe solventar sólo obra productiva.
En este punto, la ASE ha reconocido que el concepto que maneja el estado es muy amplio y se presta para reconocer como Obra Pública Productiva servicios no tangibles o de los cuales no se pueda medir su retribución a la sociedad.
En la última Cuenta Publica presentada, el pasado mes de diciembre, la ASE pide al Congreso Local que establezca con exactitud de forma clara y específica los rubros que se entienden como inversión pública productiva a los cuales se pueden destinar los recursos obtenidos de los créditos solicitados, con el propósito de limitar el objeto del endeudamiento y evitar dejar al libre arbitrio de las administraciones estatales y municipales su ejercicio.
La Auditoría indica que debe implementarse un mecanismo que permita el monitoreo constante, permanente y de forma puntual sobre la utilización de estos créditos, de tal forma que se prevenga la distracción de dichos recursos a fines distintos a los establecidos, con la finalidad de evitar un daño a la Hacienda Pública Estatal o Municipal.
También pide establecer sanciones a las administraciones públicas que contraten deuda sin justificar la misma para evitar este tipo de prácticas, así como establecer su relación con posibles faltas, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La actual administración de Miguel Riquelme inició en 2017 con la petición de un crédito a corto plazo por 980 millones de pesos, de los cuales no informó a qué obras se destinaría.
A DETALLE
La petición de créditos se realiza cuando administraciones no pueden soslayar las obligaciones establecidas por algunas causas, como la caída de los ingresos y deciden adquirir deuda pública que les ayude a financiar sus obligaciones.
La definición que actualmente maneja el Gobierno de Coahuila en su Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila se realiza en términos genéricos. “situación que propicia ambigüedad en su alcance y permite una diversidad significativa de interpretaciones por parte de quienes ejercen los recursos provenientes de los créditos”, indica la ASE.
“Esta situación propicia que dichos recursos se destinen a un sin número de objetos, lo que puede significar que se pierda el verdadero sentido del mandato Constitucional que restringe la aplicación de los créditos que se soliciten”, agrega.
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