Trabajadores presionados a renunciar responsabilizan a magistrado de su seguridad
Durante la mañana de este jueves 02 de mayo, tres trabajadores administrativos del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras, emitieron y presentaron un comunicado donde revelaron ser los servidores públicos presionados por un magistrado de la sala penal y el superior jerárquico inmediato del administrador local del juzgado, para que firmarán su renuncia voluntaria.
Los trabajadores administrativos son: Alberto Rodríguez Hernández, Administrador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Piedras Negras; María del Refugio Pichardo Sockert, Jefe de Unidad de Audiencias del citado Juzgado; y Juan Carlos Salazar García, Jefe de Unidad de Causa del mismo juzgado, quienes tienen de dos a más de 20 años de carrera judicial.
En el exterior del Centro de Justicia Penal de Piedras Negras, los mencionados dieron lectura a un comunicado, donde refieren que el pasado 29 de abril del año en curso, siendo las 09:00 horas, el magistrado y el administrador general de juzgados se presentaron, y de manera completamente ilegal y amenazante, exigieron que firmarán su renuncia con fecha de 30 de abril, a lo cual se negaron.
En el documento refieren que la administración del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Río Grande, ha sido conducido por su parte de manera impecable, conduciéndose con estricto apego a derecho y con pleno respeto a derechos humanos.
"Por lo que desconocemos los motivos, razones o circunstancias por las cuales hemos sido objeto de esta presión", leyó Rodríguez Hernández.
Además de informar que por tal situación presentaron una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por las acciones realizadas en su perjuicio, enviando una copia para Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Los trabajadores administrativos señalaron en el documento que, "en virtud de desconocer los motivos, el transfondo y el resultado final de este proceso, además de que en nuestra carrera profesional y judicial, jamás nos habíamos visto involucrados en este tipo de arbitrariedades, es por ello que desde este momento hacemos responsables de nuestra seguridad personal, laboral, así como la de nuestras familias a los referidos funcionconarios".
Los firmantes del mencionado comunicado, y quienes presentaron la correspondiente queja administrativa, no revelaron el nombre de los funcionarios que acudieron el pasado 29 de abril del año en curso, manifestando que es necesario guardar la correspondiente prudencia para que el procedimiento administrativo no se envicie.
Sin embargo, tras revelarse el día y hora en la que se registró está situación en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Acusatorio, se pudo establecer que se trata del magistrado Óscar Nájera Davis.