Colocada de cara a la opinión pública una denuncia periodística sobre la que se calificó como “Estafa Maestra”, es decir la supuesta extracción de recursos públicos por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, utilizando de parapeto a universidades públicas, la Auditoría Superior de la Federación inició una pesquisa.
La revisión, a título de auditoría especial de cumplimiento, inició el 23 de marzo de 2017, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública del año anterior.
En el ejercicio intervinieron 10 funcionarios de la instancia dependiente de la Cámara de Diputados, encabezados por la directora de la Auditoría Forense “A”, María Guadalupe Velarde Gallego.
El punto fino era ubicar las constancias de que las tareas encomendadas a centros de educación superior se hubieran cubierto, incluidas actas, minutas, informes o cualquier documento generado, es decir, reuniones de evaluación, seguimiento y vigilancia del desarrollo del proyecto.
En la ruta estaban también convenios pactados con instancias de difusión, así el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la Televisora de Hermosillo, en paralelo a las universidades politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, además de las tecnológicas de Campeche, Nezahualcóyotl, del sur del Estado de México y la autónoma de Zacatecas.
Metidos al detalle, se presumía que esta última, la Politécnica de Chiapas y la Intercultural del Estado de México habían subcontratado la totalidad de los trabajos encomendados, pagando a los proveedores 316 millones 285 mil pesos, cifra inferior a la entregada por la Sedesol.
Ésta, en paralelo, registró indebidamente uno de los pagos a la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Partida 43101 “Subsidios a la producción”, en tanto en las otras dos instancias se colocaron como “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”.
Ahora que en ninguno de los casos se acreditó que se hubieran recibido los servicios pactados, cuyo costo ascendió, en el caso de la Universidad de Chiapas, a 400 millones de pesos y en el de la Técnica de Nezahualcóyotl a 15 millones 638 mil, con la novedad, en este caso, que se alegó la existencia de un convenio de terminación anticipada que no fue exhibido. Los supuestos servicios se acreditaron al ejercicio fiscal de 2014 sin justificación alguna.
Tampoco se acreditó, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, que los servicios pactados con Radio y Televisión de Hidalgo fueran realizados. Los contratos se adjudicaron de manera directa.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al momento de la auditoría era factible recuperar 426 millones 347 mil pesos.
Armado el expediente por la Fiscalía General de la República, la consignación del caso ante un juez está en la antesala.
BALANCE GENERAL
El activismo contra el nuevo gobierno por parte de su dirigente, Gustavo de Hoyos, está provocando el aislamiento de la Coparmex en el marco de la dirigencia del empresariado.
Su obstinación contra todo lo que implique el presidente Andrés Manuel López Obrador aisló al organismo de la reunión donde el Consejo Mexicano de Negocios planteó su escenario de inversiones para este año.
La insidia llega al extremo de calificar de “entreguistas” al resto de los dirigentes de los organismos integrados al Consejo Coordinador Empresarial, por más que se hayan condicionado las apuestas.
El pliego petitorio habla de cumplimiento de contratos del sector energético, más inversiones públicas en transporte y desarrollo del sur-sureste, entre otros puntos.
BARRUNTOS DE REBELIÓN
Colocados durante años en un marco de excepción frente al común de los servidores públicos, los trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior se quejan de que se les ha desmantelado 99% de sus prestaciones.
El último jalón fue la cancelación de un apoyo para integrarse a la membresía de los centros deportivos Coyoacán, Chapultepec y Guadalajara.
En paralelo, se les canceló el pago del subsidio a las cuotas obreras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a empleados con categoría de subgerente, puestos homólogos y superiores, inscritos en el fideicomiso denominado Fondo de Pensiones de Contribución Definida del Bancomext. El sindicato está encabezando las protestas.
PEMEX EN MORA
Sin contar las facturas que dejó pendientes de pago la anterior administración federal, los contratistas y proveedores de Pemex se quejan de que durante el actual sexenio no han logrado un solo pago.
Y aunque se había abierto la posibilidad de operaciones de factoraje vía Nacional Financiera, es decir, cobrar los papeles a cambio de una comisión, éstas están suspendidas.
De hecho, el esquema se volvió imposible para las firmas pequeñas dada su imposibilidad, justo, de absorber el costo.