Investiga Juez Penal a médicos que encubren tortura policiaca
Hay casos documentados en el Juzgado Federal con amparos ganados
Los médicos Alfredo Salazar, de Fuerza Coahuila, y Arturo Garza, de la Fiscalía General del Estado, un juez los citó a reunión con abogados defensores en el Centro de Justicia Penal para iniciar una investigación sobre probables casos de tortura denunciados por diversas víctimas.
El primero de los galenos, al consignar a los indiciados a la Fiscalía General del Estado certifica que están “saludables” sin golpes, lesiones ni huellas de violencia, pero el médico legista de la FGE al recibir a un considerable número de detenidos presentados por Fuerza Coahuila certifica que llegan con golpes y evidencias de tortura.
Esto fue señalado por el abogado litigante César García Diosdado, quien es uno de los profesionales del derecho que han detectado frecuentes casos de tortura sistemática a acusados de delitos de alto impacto.
Los litigantes pidieron que se lleve a cabo la averiguación y realizar a cabo lo establecido en base al Protocolo de Estambul que faculta, y obliga a autoridades dentro del ámbito de competencia que se inicie una investigación independiente sobre tortura.
Suman más de 10 los casos de denuncias de tortura documentados con certificados médicos.
La mayoría de los detenidos que acusan de tortura fueron detenidos por Fuerza Coahuila por posesión de narcóticos, y luego los enlazan a otros delitos de alto impacto, presuntamente incriminados a través de tortura.
Existen casos documentados en el Juzgado Cuarto de Distrito, en materia de amparo, en los que imputados solicitan la protección federal en procesos penales locales por ser víctimas de tortura, lo han acreditado y han obtenido la protección.
Son varios los abogados particulares que reportaron estos casos a la autoridad judicial para su intervención.
Hasta que se esclarezcan los hechos hay líneas y vertientes de investigación: que Fuerza Coahuila comete los actos físicos contra los detenidos en total violación a los derechos humanos, y/o que en la Agencia de Investigación Criminal los torturan, o los reciben así con conocimiento de los hechos, y los aceptan para extraerles información de delitos qué imputarles y elaborar carpetas de investigación y expedientes .
García Diosdado estableció que corresponde a una Fiscalía Especializada en Víctimas la que deberá investigar estos hechos. De comprobarse que alguno de los dos o ambos falsean los certificados médicos, podría procederse contra médicos legistas, concluyó el jurista.