La revolución industrial creó una nueva clase social y, sincrónicamente, su sistema defensivo: el "Sindicato". Este alcanza fuerza política desde 1848, viviendo momentos muy álgidos y otros de poder categórico. En México, durante el porfiriato, surgen disimuladamente con el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón y se convierten en precursores de la revolución con las huelgas de Cananea (1906) y Río Blanco (1907). Los primeros movimientos obreros tuvieron por objeto defender el salario, combatir el reajuste, abolir la leva, reducir la jornada laboral y hacer frente a la brutal explotación femenil e infantil. Fueron perseguidos a sangre y fuego desde Juárez hasta Carranza. Durante la revolución, los obreros sindicados fueron utilizados como carne de cañón; Álvaro Obregón los armó y condujo contra los agraristas de Zapata y Villa. 12 años más tarde, Calles siguió ese ejemplo contra los cristeros; pero en nada mejoró su triste situación económica.
En Querétaro, durante la discusión de la constitución (1916-1917). Carranza propuso simplemente agregar al artículo 5 una frase que ofrecía crear una ley posterior que defendería a los trabajadores. Heriberto Jara, discurrió: "Esos derechos son traje de luces para el pueblo mexicano; viste, pero no abriga" y así lograron un título llamado "Del Trabajo y de la Previsión Social". Que incluía la sindicación y la huelga entre otros. Con esta decisión los constituyentes rompieron los moldes tradicionales de estructura legal, prefiriendo la justicia Social
Durante el Maximato (1929-1936) con la creación del partido oficial surge el sindicalismo corporativo ligado al Gobierno federal. El "Charrismo" entroniza a líderes perpetuos que dominaron y controlaron absolutamente las voluntades de los trabajadores, con un poder "legalizado" por las cláusulas de exclusión sindical (artículos 236 =1931= y 395 =1970=); imponían a las empresas contratar solo trabajadores miembros del sindicato y que quienes se salieran de este fueran despedidos; (declaradas inconstitucionales hasta 2001, tras 70 años de vigencia espuria). Esta "injusta legalidad" aseguraba a líderes ungidos en asambleas controladas por votación a mano alzada y les permitía negociar en lo "oscurito" las condiciones de trabajo con las empresas; enriqueciéndose con el manejo discrecional de las cuotas y refrendándose en la directiva eternamente: =El miedo del trabajador era invencible=.
El poder de los líderes sindicales oficiales era inmenso; hacían temblar incluso a los gobernantes. Todos los políticos priistas les rendían pleitesía; el propio presidente de la república era "destapado" por los tres caballeros: (CTM; CNC y CNOP): Vivían muy bien gracias a que sus agremiados no sabían nada del sindicato; el manejo de cuotas era lóbrego y tenebroso, preguntar por ellas era peligroso y fatal. El PRI les otorgaba patentes de corso inamovibles: regidurías, secretarias en los estados, senadurías y diputaciones que les permitían colocar en ellas, incluso a protagonistas de prostitutas. Todo estaba mediatizado por ese pulpo, cuyos tentáculos hollaban incluso a los gremios patronales y académicos.
La actual legislatura federal realizó reformas a la ley federal del trabajo en varios rubros, sancionadas y ya vigentes. Aclaremos que había habido propuestas similares; en 1995, el excelente jurista Néstor del Buen, propuso reformas serias en el ámbito sindical, pero el control priista impidió dicha transformación. Durante el gobierno de Fox se impulsó una Campaña Nacional por la Libertad y Democracia Sindical, surgiendo la "Alianza Social para la Transición Democrática y el Desarrollo Nacional con Justicia y Equidad"; pero como toda oferta social en la "segunda docena trágica" (2000 a 2012), esos mellizos en corrupción las guardaron celosamente en el bote de la basura.
La esencia del derecho colectivo de esta reforma se ubica en la libertad y la democracia sindical, los trabajadores contarán con voto libre, secreto, personal y directo para elegir a sus líderes y estos van a tener que someter a votación de todos sus agremiados el contenido de los contratos colectivos de trabajo. La directiva sindical deberá rendir cuentas a los miembros de los sindicatos sobre los activos de la organización y su administración. Los trabajadores se encuentran en libertad de afiliarse o no al sindicato que ellos deseen y solicitar que no se les cobre la cuota sindical; misma que no descontará su patrón. Con nuevas reglas para la formación de sindicatos y de confederaciones sindicales, podrán organizarse de la manera que crean conveniente. El período de duración de las directivas no podrá ser indefinida.
Indiscutiblemente que la reforma abona mucho a favor de la democracia; quienes creemos en ella por sí misma, no como retórica ideológica, vemos con optimismo que si bien, no es la panacea de la libertad sindical, si es un paso importante para conseguirla. Pero como toda cosa política, contiene sus peligros: Que la "Confederación Internacional de Trabajadores" (CIT) organización del líder Napoleón Gómez Urrutia, integrada por 10 federaciones y 150 sindicatos; se convierta en el sustituto de la CTM en la 4T y Napito en el Lombardo Toledano de AMLO. Así lo sentimos cuando insistió que esta nueva organización: "no viene de arriba, ni es una agencia del Gobierno ni de Morena", recordamos que: "explicación no pedida, acusación manifiesta".
Ni la CTM, ni ninguno de sus sucedáneos van a morir aplastados. Van a vagar por México como zombis, en un desfile fatídico añadidos a los partidos que los ampararon, tomando baños de sol para oscurecer su faz rumbo a la cargada; conformando un nuevo bloque hegemónico, pavor infernal para aquellos que odian cualquier transformación, sea del número que sea. Optimistamente: vayamos por una democracia real…
Las cifras de homicidios que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México (SESNSP) no son confiables. Un estudio reciente de México Evalúa denominado Fallas de Origen explica cómo estos datos, los más usados para monitorear los niveles de violencia en el país, son presa de la discrecionalidad de gobernadores y fiscales, quienes no logran vencer la tentación de maquillar sus estadísticas para salir mejor retratados en su desempeño en seguridad.
El Índice de Confiabilidad de Estadística Criminal (ICEC) de México Evalúa se enfoca principalmente en los homicidios accidentales (culposos) y los intencionales (dolosos). Busca identificar qué entidades producen estadísticas delictivas confiables y consta de cuatro componentes que, de paso, ponen a prueba la información proporcionada por el Secretariado.
El primer mecanismo de evaluación, quizás el más contundente, consiste en comparar la estadística de homicidios recabada por el Inegi con la publicada por el Secretariado. El método es simple porque compara dos estadísticas oficiales sobre un mismo fenómeno. Es como tener dos termómetros autorizados para determinar la temperatura de un lugar. Resulta que estos termómetros tienen lecturas distintas y es esta discrepancia entre las mediciones la que nos ofrece una primera presunción de la alteración de las cifras.
Para entender las discrepancias, pero sobre todo, para entender los incentivos que habrían de existir para alterar las cifras, es necesario saber aspectos mínimos de los dos procesos de medición de la violencia letal. La estadística de homicidios que reporta el Inegi proviene de la clasificación médica contenida en actas de defunción, un documento emitido por nuestro sistema de salud. La estadística del Secretariado, en cambio, deriva de agregar las investigaciones por homicidio en procuradurías y fiscalías y es generada por estas instituciones. Los primeros datos están bajo el control de médicos, mientras los segundos están bajo el control de abogados. La primera estadística está sujeta a un proceso de validación en la que interviene el Inegi para supervisar la ausencia de registros duplicados y discrepancias que apunten a errores; la segunda estadística carece de procesos de control de calidad.
Como muestra Fallas de Origen, las autoridades de las entidades federativas tienden a reportar menos homicidios que el Inegi de manera global. El patrón se ha vuelto sistemático desde hace una década. ¿Por qué? Muy sencillo: dado que los ejecutivos locales tienen la presión de mantener los índices delictivos a la baja, ante la imposibilidad de hacerlo, recurren a la magia del maquillaje numérico para dibujar una realidad inexistente. Son los alumnos evaluándose a sí mismos.
El SESNSP ha cometido un error histórico en pretender crear un sistema de estadísticas delictivas carente de controles de calidad. Para poderse usar como un referente de seguridad en el país, hoy tiene la responsabilidad de hacer a un lado el papel de vocero y tomar el papel de auditor. Tiene que dejar de tomar como válidos los reportes de las autoridades estatales y analizar los datos con el cuidado que otros organismos federales tienen al observar el uso y destino de los recursos económicos.
El truco del maquillaje estadístico ha probado ser eficaz para administrar percepciones y ha resultado pésimo para la búsqueda de soluciones. Estudios como el de Fallas de Origen tiene las pistas de a quiénes hay que vigilar para acabar con esta perniciosa práctica.