El pasado 9 de agosto nos despertamos con la noticia de la aparición de 19 cuerpos colgados en un puente de Uruapan. Este hecho es un recordatorio de la falta de responsabilidad y estrategia para enfrentar al crimen organizado, así como del abandono institucional por parte de las autoridades.
En términos presupuestales, el estado recibió recursos del FASP, en 2018, por 126.9 millones de pesos, de los cuales, 499 mil pesos fueron destinados para el fortalecimiento de su C5 donde laboran 410 personas. Dicho centro cuenta con 5,300 cámaras distribuidas en 18 municipios, así como 53 arcos de seguridad. Por su parte el municipio de Uruapan cuenta con un C4 equipado con 672 cámaras y 6 arcos de seguridad. Para su operación cuenta con 16 personas entre operadores, despachadores y supervisores.
A pesar de la existencia de infraestructura y personal para coordinar actuaciones con autoridades y operar las videocámaras; el aviso, si es que lo hubo, llegó tarde. La negligencia por parte de las autoridades no se restringe únicamente a cuestiones de videovigilancia y coordinación. Michoacán tiene problemas institucionales severos que sus gobernadores no han logrado resolver desde hace varios años.
Al inicio de su sexenio, Felipe Calderón desplegó el operativo conjunto Michoacán, reconociendo desde ese entonces la incapacidad de las policías locales para enfrentar los retos impuestos por los grupos criminales. En el sexenio de Peña Nieto se nombró a Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán. En los hechos, el funcionario fungió como un virrey, un apagafuegos. Una de las medidas más polémicas de Castillo fue la regulación de las autodefensas mediante su incorporación a la policía estatal de Michoacán sin seguir procesos apegados a la ley, lo que derivó en mayor inestabilidad institucional.
Silvano Aureoles heredó una policía desorganizada, poco profesional y con problemas severos de estructura. Uno de sus compromisos era transformar a la policía de Michoacán en la mejor del país. Tres años después de su nombramiento como gobernador, las cosas no han cambiado mucho. De acuerdo con la encuesta ¿Qué piensa la policía? Levantada en el 2018, ocho de cada diez policías declararon que habían comprado con su dinero uniforme y botas, y 4 de cada 10 declaró haber invertido en cartuchos para sus armas.
Además de las carencias de equipamiento de los policías, sus formas de actuación también presentan serias inconsistencias. Las quejas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con los policías estatales de Michoacán se elevaron drásticamente. En 2016 se registraron 13 quejas mientras que en 2018 ascendieron hasta 717. Causa en Común pudo verificar que la manera en que eran atendidas dichas quejas era bastante laxa.
Con una policía con pocas capacidades desarrolladas, un despliegue operativo bastante deficiente y controles internos poco efectivos, resulta entendible, más no justificable, que el gobierno de Michoacán nuevamente haya recurrido a pedir el apoyo federal para tratar de contener la crisis de inseguridad en su estado. Al parecer los gobernadores han aprendido que la fórmula más cínica y efectiva para deshacerse de sus responsabilidades es transfiriendo éstas a la federación. Sin embargo, hoy más que nunca está alternativa parece inapropiada, pues con una Guardia Nacional en formación y sin objetivos claros, resulta difícil imaginar una estrategia clara para avanzar en la construcción de un estado democrático de derecho.
Esto no puede seguir así, es necesario cuestionar el discurso vacío que nos quieren vender las autoridades. La violencia que estamos experimentando cotidianamente va más allá de ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado. Gran parte de estas dinámicas se explican por la colusión de nuestros gobernantes con grupos criminales y/o por su ineficacia para crear y fortalecer instituciones que nos permitan vivir con tranquilidad.
Twitter: @MaElenaMorera
Presidenta de Causa en Común