Unen fuerzas para evaluar costo económico del cambio climático
El Ministerio de Hacienda de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron el martes un acuerdo que permitirá identificar cuál es el costo económico que genera la falta de medidas contra el impacto del cambio climático en el país.
De esta manera, Chile pone en marcha un proyecto destinado a evaluar la influencia económica de la actual crisis climática, ya sea en el sector público o privado.
En ese sentido, el acuerdo de cooperación técnica buscará determinar los costos de la acción climática para mitigar los efectos actuales o calcular los gastos que suponen revertir situaciones ocurridas por la inacción contra el cambio climático.
La representante residente asistente del PNUD en Chile, Marcela Ríos, destacó durante la firma del acuerdo que es un proyecto de "gran relevancia para enfrentar el cambio climático".
"Es clave contar con una acción estatal coordinada y planificada para poder tomar medidas que sean basadas en evidencia y para eso es esencial tener una media sobre cuánto los países invierten para enfrentar el cambio climático", destacó.
Por su parte, el ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, advirtió que el presupuesto de un país es uno de los "principales instrumentos" para comprometer recursos con los que implementar políticas públicas y privadas para llevar a cabo la agenda de desarrollo.
"Nuestro país -explicó Larraín- no cuenta con información suficiente sobre las finanzas públicas relevantes al financiamiento de la acción climática, lo que dificulta una correcta toma de decisiones".
El acuerdo permitirá métodos de medición y seguimiento del gasto asociado a esa acción contra el cambio climático y puso como ejemplo medidas como la emisión de un bono verde soberano este año o el trabajo de la Mesa de Finanzas Verdes con el sector privado.
Larraín puso como ejemplo la situación de sequía que vive el país en los últimos 10 años y que ha generado una desertificación del 60 % de la superficie del país.
"Los terrenos amenazados por la desertificación superan el 60 % del territorio nacional y el resultado de este fenómeno son la pérdida de cultivos y una menor productividad de los suelos", agregó.
En ese sentido, el Ministerio de Agricultura de Chile decretó la situación de emergencia agrícola para la céntrica región de O'Higgins, limítrofe al sur de la región Metropolitana y tierra de habitual de cultivos en el país suramericano.
En ese lugar, el Gobierno chileno confirmó que será necesaria una aportación de 2.7 millones de dólares, aunque la región se suma a la costera Valparaíso y la norteña Coquimbo, que ya registran esta condición de emergencia.
Para poder llevar a cabo el proyecto firmado con el PNUD, el Ejecutivo chileno recibirá además 650,000 dólares del Gobierno de Alemania para efectuar un estudio que se prolongará por dos años.
Los resultados de este trabajo, explicaron desde el organismo de las Naciones Unidas, serán comentados en la reunión de ministros de finanzas por la acción climática que se desarrollará en Washington este año y que será liderada por Chile como titular de la presidencia temporal de la cumbre climática COP25, a realizar en Santiago en diciembre.