Envían a juicio oral a Cristina Fernández

Un juez argentino elevó este viernes a juicio, en plena campaña electoral para las presidenciales de octubre, la conocida como "causa de los cuadernos", en la que se acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a miembros de su Gobierno de haber recibido millonarios sobornos por parte de importantes empresarios de la obra pública.

El magistrado Claudio Bonadio, que dirige la mayoría de casos de corrupción que afectan a la actual senadora, pidió también, una vez más, que la Cámara Alta apruebe quitarle sus fueros para que sea detenida y cumpla prisión preventiva, algo que, como en anteriores ocasiones, no se prevé que ocurra por el rechazo del peronismo, al que ella pertenece y que tiene un gran peso parlamentario.

Aún sin fecha de comienzo, será el Tribunal Oral Federal 7 el que siente por segunda vez en el banquillo a la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), que ya está siendo juzgada desde mayo pasado por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato y está a la espera de que comiencen otras cuatro vistas orales más.

Sin embargo, la resolución cobra especial relevancia al ser la primera después de que el 11 de agosto pasado la lista que integra Fernández como candidata a la Vicepresidencia -encabezada por el también peronista Alberto Fernández- fuera la más votada en las elecciones primarias, 16 puntos por delante de la que lidera el actual mandatario, Mauricio Macri, y se ubicara como la clara favorita a vencer en las presidenciales del 27 de octubre.

Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli acusan a Fernández de ser la "jefa", junto a su esposo -fallecido por un paro cardíaco en 2010-, de una asociación ilícita para recaudar sobornos de los más importantes empresarios del país, contratistas de obra pública, también procesados en la causa y entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano de Macri.

"En atención a los elementos de prueba colectados (...) es posible afirmar que los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de 100 millones de dólares en un sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015", asevera el juez en una resolución de 154 páginas.

El dinero recaudado era, según las pesquisas, entregado "alternativamente" a Fernández y Kirchner o sus secretarios privados en la residencia presidencial o en su apartamento particular de Buenos Aires, y parte de esos montos fue "redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios".

Estas presuntas maniobras contaron, según el juez, con el entonces ministro del área de obras públicas, Julio de Vido -ya en prisión desde 2017- como "organizador" de la red, y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa misma cartera, Roberto Baratta, con quien se encargaba de velar por que se realizaran esos cobros.

El escándalo se destapó el 1 de agosto de 2018, cuando por sorpresa varios empresarios y exaltos cargos kirchneristas fueron detenidos por orden del juez, a quien meses antes había llegado, en extrema reserva, una investigación comandada por Diego Cabot, prosecretario de redacción del diario La Nación.