Entre los muchos foros organizados en el contexto de la 74 Asamblea General de la ONU, el relativo a revisar las políticas internacionales sobre drogas resultó particularmente relevante para México. Convocados por Helen Clark, quien fuera Primera Ministra de Nueva Zelandia, y quien posteriormente dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hasta hace un par de años, tuve oportunidad de participar en un diálogo público con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y un selecto grupo de expertos de organizaciones sociales y de otras agencias de la ONU, así como con representantes de países que quieren encontrar nuevas alternativas para atender el problema de una manera más eficiente y racional.
Hubo coincidencias importantes que me parecen alentadoras y que conviene no dejar de advertir, toda vez que nuestro país ha pagado -quizá como ningún otro- un alto precio al empeñarse en una política prohibicionista irracional y en una absurda guerra contra las drogas.
La primera gran conclusión alcanzada, que ha ganado creciente aceptación internacional, es que el multilateralismo representa la mejor opción de la que disponemos para hacer frente a las múltiples facetas del fenómeno de las drogas en el mundo. Ningún país por sí solo podrá resolverlo.
La Comisión Global de Política de Drogas (de la que la propia Helen forma parte junto con varios expresidentes y personalidades tan disímbolas como pueden ser George Schultz o Mario Vargas Llosa), ha pugnado por sembrar la idea de una regulación responsable, contraria a la despenalización indiscriminada. Me parece un acierto. No se trata de promover el consumo de drogas, sino de regularlo, sobre dos grandes vertientes: los derechos humanos y la salud pública. La propuesta es bienvenida.
Partimos del reconocimiento de que durante las últimas décadas se emprendieron esfuerzos sin precedentes, tanto a nivel nacional como internacional, para erradicar cultivos, incautar cargamentos de drogas, destruir laboratorios clandestinos y desarticular organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, pese al enorme esfuerzo y los muy altos costos que todo ello ha tenido, el énfasis excesivo en el enfoque punitivo y prohibicionista, generó una espiral de violencia e inseguridad que condujo a una gran descomposición social. Pienso que, en buena medida, es lo que ha ocurrido en México.
De ahí que la necesidad de ampliar el abanico de opciones se haya convertido en una demanda constante en diversos países, el nuestro por supuesto incluido. En la ONU, desde la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 1998 y la Declaración de los Principios Rectores sobre Reducción de la Demanda, junto con la Declaración Política y el Plan de Acción de 2009, y posteriormente con la Sesión Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de 2014, se consolidaron tres elementos fundamentales para una más razonable política internacional:
1. Equilibrio. Es necesario recuperar el balance, es decir: dar el mismo valor y el mismo empuje a los compromisos para reducir la oferta que para reducir la demanda.
2. Integralidad. Si algo se ha aprendido en estos años es que de poco o nada sirven las acciones fragmentadas.
3. Responsabilidad global compartida. Tratar de sumar a todos los Estados en la búsqueda de soluciones, más allá del papel que ocupen en la cadena del mercado ilícito de las drogas.
Sobre estas bases evolutivas se explica el documento vigente más importante del que disponemos, derivado de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de 2016. Es la esencia de una guía de acción para una política internacional más eficiente y racional. El reto radica en pasar del discurso a la instrumentación de las recomendaciones operacionales, para evitar que continúen las políticas que han generado muchos más daños que las sustancias mismas.