Violencia política será castigada en Coahuila
La fracción panista del Congreso Local busca reformar la ley en Materia de Delitos Electorales para que sea considerado como delito la violencia política.
Fue la diputada Blanca Eppen Canales, quien indicó que “el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género; es un instrumento creado para hacer frente a la violencia política que sufren las mujeres en México, con la idea de permitir a las autoridades responsables conocer el camino para identificar estas conductas, esquematizarlas y evaluarlas de manera eficiente y práctica, de tal suerte que el fenómeno no siga, como hasta ahora, siendo invisible en el espectro sancionador”.
El Protocolo define la violencia política como la violencia contra las mujeres que comprende todas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.
“La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”, indicó la diputada en tribuna.
Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.
La Cuarta Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH-2016), refleja que grandes porcentajes de mujeres sufren limitaciones políticas y de participación ciudadana y comunitaria de parte de sus parejas sentimentales.
Pues para participar en actividades vecinales o políticas deben pedir “permiso”, “avisar”, o tener que ir acompañadas de su pareja, como condición para poder participar.
La diputada Canales dijo que el mismo patrón y similares porcentajes se repiten en el rubro de ejercer el voto en elecciones constitucionales. Por ello considera que debe de establecerse como un delito.