La entrada en funcionamiento a principios de año del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular, luego de que el Congreso así lo aprobó el pasado 14 de noviembre y que se oficializó con el decreto publicado el 29 de ese mismo mes, ha generado una reactivación de la guerra entre los defensores y los opositores de la 4T.
Los partidarios de la 4T hacen hincapié en que el Seguro Popular no cubría todos los casos de tercer nivel, que funcionaba deficientemente y con grave corrupción ejemplificada en el enorme desvío de recursos de gobiernos de los estados y que había fracasado porque no logró universalizar el servicio, resumido en la frase de ni era un seguro ni era popular. Detrás del Sistema de Salud y no sólo del Seguro Popular estaba todo un andamiaje que pretende subrogar los servicios médicos y que llevó a construir clínicas y hospitales sin personal ni el equipo necesario para atender a la población.
También destacan que el Seguro Popular incluso tuvo un efecto perverso porque alentó la informalidad, ya que era más económico para algunos empleadores no registrar a sus trabajadores en el seguro social y promover que se inscribieran en el otro, liberándolos de esa obligación.
Agregan que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un estudio en 2016 donde se muestra el deficiente funcionamiento, aunque se omite mencionar que se sugería mejorarlo, no desaparecerlo.
Los defensores del Seguro Popular destacaban que sí tuvo resultados palpables, como es la fuerte reducción de la carencia de salud en los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Salomón Chertorivski y Julio Frenk hicieron hincapié en que sí generaba certezas de financiamiento, incluyendo "la atención de alta especialidad (SIDA, la mayoría de los cánceres, cuidados intensivos neonatales y un largo etcétera)".
Adicionalmente, los críticos del Insabi resaltaron que no había gratuidad en el tercer nivel como se había prometido; pero, que si ésta se daba, no había forma de que fuera real o efectiva. Se destacó que no había viabilidad financiera para el instituto, por más loables que fueran sus objetivos y que la recentralización de los servicios de salud con la reforma genera un vacío operativo, que está generando el caos que se advirtió y que los medios de comunicación han reportado.
El problema es que la discusión se ha politizado a tal extremo que, si alguien se atreve a hacer algún cuestionamiento sobre la deficiente planeación, presupuestación e implementación del Insabi, automáticamente es acusado de ser enemigo de la 4T y partidario de los grupos conservadores que quieren sabotear la reformas y avances para garantizar el derecho a la salud consagrado en el Artículo 4 de la Constitución desde 1983.
Vamos, la intolerancia ha sido tan delirante, que cuando algún comunicador le ha señalado a una autoridad que hay muchas protestas en los hospitales porque se han negado algunos servicios a los que antes se tenían derecho con el desaparecido Seguro Popular, el funcionario contraatacaba diciendo que es la prensa fifí que quiere sabotear las mejoras o que detrás de los padres que protestaban por el cáncer de sus hijos, estaban campañas orquestadas por las empresas que producen esos medicamentos. En otras palabras, la protesta no era legítima ni genuina.
Lo que es evidente es que no hubo un proceso de transición adecuado del Seguro Popular al Insabi, y ello ha generado y ocasionado no sólo una fuerte incertidumbre, sino que algunas personas se han quedado sin atención, pero también quedó en evidencia que la crisis del sistema de salud va más allá del nuevo instituto y que la gratuidad de la salud pública no podrá ser solventada con el presupuesto federal aprobado.
Ya Carlos Urzúa destacó aquí en su colaboración del lunes los errores del esquema de financiamiento y presupuesto del Insabi para este año y, como señaló a su vez Roberto Rock, es urgente abrir el debate sobre la salud; en ese sentido, bienvenidas todas las voces, pero reconozcamos que se requiere que en los procesos de parlamento abierto participen personas expertas en economía de la salud, para tener idea no sólo de qué se quiere, sino también de cómo será efectiva.
La garantía del derecho a la salud no se logra nada más por decreto. Se necesitan recursos para que las políticas públicas tengan un soporte presupuestal (de nueva cuenta el principio de realidad al que somos tan afectos los economistas). Evidentemente, un esquema universal de salud requiere una reforma fiscal y este es un asunto al que la 4T le va a tener que entrar más pronto que tarde, si no quiere que las protestas sociales se amplifiquen.
ADENDA
Hace 11 años, cuando se dio la epidemia de influenza en México, no faltó quienes negaron el hecho alegando que era una campaña de miedo del gobierno o del extranjero para afectar al turismo. Pero cuando nos tocó de cerca y supiste que un familiar de un compañero de trabajo se murió por no atenderse a tiempo, supimos que con la salud no se juega.