Desconcertante, por decir lo menos, resultó el lamentable espectáculo ofrecido por los abogados de la Nación y del presidente de la República, Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra, el miércoles pasado en el Senado.
Si plantear la reducción de la libertad en aras de la seguridad fue una estratagema para calibrar el tamaño de la reacción, terminaron por desportillar el supuesto propósito oficial de reponer la justicia y la paz a partir de explorar un sendero distinto al de la simple represión, persecución y castigo del delito. Se habría considerado privilegiar, a partir de su legalización, la arbitrariedad sobre el derecho.
De no haber sido así y las iniciativas en materia de procuración, administración e impartición de justicia iban en serio, entonces, resulta peor: se exhibió la desesperación por dar respuesta, a costa de garantías fundamentales, al clamor nacional por salir de la violencia criminal que ahoga al país en sangre y miedo.
Y, en todo esto, falta por conocer la postura del Ejecutivo que, dado a concentrar, asumir y transparentar decisiones e iniciativas, hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. Prefirió darle el avión al asunto, distrayendo la atención con la rifa del TP-01 y echar a volar los memes.
Grave lo ocurrido. Del principio de "por el bien de todos, primero los pobres" se cayó en la tentación -por lo pronto, frustrada- de pasar a la consigna de "por el bien de todos, primero la cárcel y después vemos".
Aun cuando se dice que las iniciativas de reforma al sistema penal eran meros borradores apócrifos, alguien tuvo que arrastrar la pluma y enterar al jefe del Ejecutivo del proyecto legislativo en ciernes y éste avalarlo, sobre todo, si al Senado fue su consejero jurídico. ¿Quién responde por él o es que el lance se justifica en la autonomía del fiscal?
El borrador de las iniciativas -dando por buena esa versión- ratifica la percepción de la administración como la de un grupo de colaboradores incapaz de integrar un equipo coordinado de trabajo; en suma, incapaz de constituir un gobierno. Así como se solapó e, incluso, alentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores tomara funciones correspondientes a las secretarías de Gobernación y de Economía en el campo migratorio y comercial, ahora se toleraría que la Fiscalía General de la República invadiera la esfera de atribuciones de la Secretaría de Seguridad. Sin mencionar, desde luego, el atrevimiento de marginar y desconsiderar la postura del Poder Judicial ante la intentona.
Ojalá lo sucedido no exprese un problema en el que está incurriendo con mayor frecuencia la administración. De la velocidad por establecer el marco jurídico del proyecto de nación impulsado y asegurar sus inamovibles pilares, se pasó a la prisa y de ésta al desbocamiento. Precipitación que, en más de un área, está provocando tropiezos, pérdida de tiempo y contradicciones en el dominio y control de la pretendida transformación.
Lo ocurrido el miércoles revela que con las iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo y Legislativo, en vez de configurarse un marco jurídico congruente y articulado, se está dando lugar a uno incongruente y desvertebrado. La mala hechura de los proyectos legislativos enviados por el mandatario o por algunos legisladores del partido en el poder, ansiosos por militar o descollar a través del lanzamiento de reformas, está colocando parches mal puestos a las leyes.
¿Qué sentido proponer una amnistía para liberar a primo delincuentes menores, a personas inducidas al delito por el crimen organizado o la necesidad, si luego se proyecta reponer el arraigo y lastimar la presunción de inocencia? ¿Se quieren vaciar las cárceles para llenarlas de nuevo?
¿Qué sentido imponer a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos garantizando que, por haber sufrido la desaparición de su hermano, es adalid en la defensa de los derechos fundamentales, si ésta guarda silencio ante el impulso de disminuir y vulnerar esas garantías? ¿No tiene nada que decir Rosario Piedra Ibarra?
¿Qué sentido la queja del fiscal general sobre la vulneración del debido proceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, si Gertz Manero participa de la idea de limitar la presunción de inocencia, ampliar las causas de la prisión preventiva oficiosa y avalar pruebas de origen dudoso?
¿Qué sentido levantar un memorial de las víctimas del estallido del gasoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, si -al ampliarse el catálogo de delitos graves, sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluido el robo de combustible- aquellas no podrían considerarse hoy como tales? Con el alargamiento de ese listado, las víctimas de la tragedia de hace un año hoy serían indiciados, y los sobrevivientes detenidos y, dada la lentitud en la integración de la carpeta de investigación, seguirían en prisión. ¿Cómo se va a empatar el concepto social de la administración sobre quienes son inducidos al crimen con el concepto legal que promueve de socavar la presunción de inocencia? ¿Cómo se va a conjugar el "¡fuchi, guácala!" con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa?
Aun cuando la administración subraya no ser igual a las anteriores, al menos, en la ilusión de pretender modificar la realidad a partir de la reforma de las leyes resulta parecida en extremo a las otras.
Qué bueno haber frenado la idea de presentar formalmente las iniciativas de reforma al sistema penal, pero no deja de desconcertar lo ocurrido. No vaya a ser que por la puerta de atrás se quiera regresar al viejo modelo de represión, persecución y castigo del delito, aunque por la puerta de enfrente se ofrezcan abrazos que, al final, deriven en tortura.