¿Qué ha propuesto el Gobierno chileno para detener la crisis social?
El Gobierno de Chile, liderado por el conservador Sebastián Piñera, llega al fin del curso legislativo con múltiples leyes encima de la mesa para hacer frente a la crisis social que vive el país desde el pasado octubre y que ha dejado al menos 30 fallecidos.
Desde la denominada "agenda social" -un paquete de medidas anunciadas por el presidente tras el inicio de las protestas- a la controvertida Ley Antisaqueos, el Ejecutivo ha intentado lidiar con el descontento en las calles con un goteo de propuestas legislativas no exentas de polémica.
Pero, ¿cuáles son los principales frentes de Piñera en la sede parlamentaria, donde la coalición que conforma el Gobierno no tiene mayoría?
1. LA TARIFA DEL METRO, PRIMERA PARADA
La subida de 30 pesos (0.05 dólares) en la tarifa del pasaje del metro fue el origen de las masivas manifestaciones en el país clamando más justicia social, que dejaron episodios de violencia extrema con saqueos, incendios, barricadas y destrucción de mobiliario público.
Por ello, una de las primeras decisiones del Gobierno fue congelar el alza del precio del pasaje en horario punta.
2. LAS PENSIONES, UN ASUNTO CLAVE
La que seguramente sea la reivindicación más escuchada en las movilizaciones de todo Chile, dado que el promedio de pensión mensual fue de 220 dólares en agosto de 2019 -la mitad del salario mínimo-, se ha traducido hasta ahora en un aumento gradual de las jubilaciones más bajas en hasta un 50 %.
En marzo, con la reanudación del año legislativo tras el verano austral, la Cámara de Diputados seguirá debatiendo otro proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para incrementar en un 6 % las cotizaciones de los trabajadores con cargo al empleador.
Esta reforma introduce el denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario, que sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional, pero no contempla cambios profundos a la esencia del criticado modelo chileno, que se basa en cuentas de ahorro individual gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados.
Así, los partidos opositores rechazaron el plan del Gobierno tal y como lo planteó y aún se encuentra en la Cámara Baja.
3. UNA CUESTIONADA "AGENDA SANITARIA"
El presidente Piñera sacó adelante, luego de que el Parlamento diera luz verde, una ley que permite a la estatal Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) intermediar en la compra de medicinas para farmacias privadas con el objetivo de reducir el precio de venta de los remedios.
Más adelante, el mandatario anunció un proyecto para convertir la salud pública del país en un seguro sanitario universal que "ampliaría su cobertura" y "disminuiría las listas de espera".
Pero la oposición calificó la propuesta, que está atascada en la Cámara de Diputados, de "defensa irrestricta del mercado en la salud" porque aseguran que "no fortalece el sistema estatal".
4. EL INGRESO MÍNIMO, A LA ESPERA
El pasado 6 de noviembre, el Gobierno anunció la creación de un "ingreso mínimo garantizado" de 350,000 pesos (unos 450 dólares) para que los trabajadores que no ingresaran dicho monto recibieran la parte restante a través de un subsidio estatal.
Tres meses después, el incremento todavía está pendiente de aprobación en la Cámara Alta, por lo que queda postergado hasta -como mínimo- marzo.
5. PYMES, LAS MÁS AFECTADAS
Las pequeñas y medianas empresas fueron uno de los actores más perjudicados por las movilizaciones contra la desigualdad en el país suramericano, y se calcula que en el primer mes de protestas cerca de 6,800 habían sufrido violencia, vandalismo o destrucción.
Para hacer frente a su delicada situación, el Gabinete logró el respaldo del Parlamento para fijar un límite de 30 días para el pago de facturas a las pymes y flexibilizó su acceso al crédito.
6. LEY ANTISAQUEOS Y EL ROL DE LAS FF.AA.
En paralelo a la "agenda social", el Ejecutivo de Piñera ha sido reprochado por los manifestantes por promover reformas que otorgan más poder a las fuerzas del Estado en pos del orden y la seguridad.
La "Ley Antisaqueos", aprobada por ambas cámaras del Parlamento a mediados de enero, agrava las penas a quienes sean sorprendidos participando de saqueos, barricadas y otro tipo de disturbios en la vía pública.
En la misma línea, una reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar la "infraestructura crítica" sin tener que decretar el estado de excepción se tramitará en la Cámara de Diputados después del "sí" del Senado.
UNA HIPOTÉTICA NUEVA CONSTITUCIÓN COMO TELÓN DE FONDO
Pese a que el Gobierno asegura que el 77 % de la "agenda social" está completada, según datos de su página web, la mayoría de iniciativas todavía no se han aprobado y están lejos de implementarse.
"Nos queda mucho por hacer", reconoció este jueves la ministra portavoz del Gobierno, Karla Rubilar, durante un balance legislativo en el que celebró las iniciativas del Gabinete y agradeció "la ayuda" del arco parlamentario para "sacar las leyes adelante".
Mientras, el debate público tiene la vista puesta en marzo, mes en el que podrían resurgir episodios de violencia, y en el 26 de abril, cuando se celebrará el plebiscito sobre una nueva Constitución, que para sus partidarios sería una oportunidad histórica para cambiar el modelo económico de Chile.