Cuando lo excepcional se convierte en norma, estamos frente a la normalización de la anomalía. Cuando esa excepcionalidad significa la muerte atroz de personas al amparo de la absoluta impunidad de quienes victimizan nos encontramos ante la más perversa de las ineficiencias institucionales. Un país incapaz de garantizarle a una niña que puede regresar con vida de su escuela a la casa es un país institucionalmente podrido. Me temo que a ese estado se acerca México: un país que hoy no es capaz de garantizar la integridad de las personas y mucho, pero mucho menos, el castigo a quien mata, a quien hace de la violencia su modo de vida.
En pocos días hemos atestiguado la degradante condición de hacer de lo abominable algo tan cotidiano y normalizado en el país que incluso la cobertura de algunos medios a los feminicidios, por ejemplo, ha evidenciado la ausencia de límites en el ejercicio periodístico. Tal pareciera que, ante la sangrienta realidad, se vale ser igual al momento de reportarla, despejando cualquier indicio de autocontención ética en la práctica de esa profesión.
¿Cómo corregir esta perversa situación? Instituciones, les llaman.
Pero la tradición de instituciones sólidas, funcionales y eficaces en México es prácticamente nula. Pareciera que aquí todo lo que se puede enviciar, tiene como desenlace su perversión y su inoperancia. Eso es la generalidad. Pero, en contraparte, las instituciones que sí funcionan, contadas con los dedos de una mano, contienen elementos que seguramente nos ofrecen claves de lo bien estructurado y organizado, así como de los blindajes necesarios para no caer en el limbo de la irrelevancia.
Son múltiples los desafíos que tenemos. Y, como es propio de un régimen democrático, lo lógico es que existan diferencias ideológicas, de prioridades e intereses a la hora de consensuar rutas de atención. Pero en la defensa de la integridad de la vida de las personas lo elemental sería que la envergadura del propósito unificara la acción política. No sucede así en México. Aún para garantizar la integridad de las personas y para castigar a quien con la violencia tiene subyugadas regiones enteras del país hay diferencias, hay zancadillas, hay evasión de responsabilidades y, lamentablemente, hay ausencia de instituciones sólidas.
Mientras un día sí y otro también se da cuenta de más víctimas las evasivas también se multiplican. Las culpas viajan en conferencias de prensa. Las explicaciones llevan a la silla de los acusados a las teorías, detenidas in fraganti, juzgadas sumariamente y castigadas demagógicamente. En tanto, para quienes han hecho de la victimización un negocio y una profesión, hoy ha sido otro día soleado.
No tenemos instituciones que funcionen para lo básico: la convivencia segura, para que una niña de siete años pueda regresar con vida a casa al terminar sus clases en la escuela. Es terrible decirlo, pero nos está sucediendo, ¿en qué estamos convirtiendo este territorio?
Retomando la cuestión de la excepción como norma, de la anomalía como cotidianidad validada socialmente, habría que señalar la condición estructural de esa situación. Es decir, cuando aquello que por excepción y brutalidad pudiera ocurrir más bien es algo común y repetido en diversas circunstancias, estamos frente a un desajuste estructural que requiere correcciones de ese tamaño. Exige crear, si no las hay, instituciones cuya misión, recursos y condición, garanticen tal corrección. Si las instituciones que nos hemos dado no tienen ese alcance de miras o los recursos para ello, habría que dotarlas de lo necesario. Lo peor sería seguir erosionándolas sin ofrecer alternativas institucionales para corregir lo estructuralmente descompuesto. Sería perverso.
Para cuidar la integridad de las personas, su vida y su proyecto, en especial de las más vulnerables como las mujeres en general, las y los niños, no cabe la mezquindad del poder político. Pero, ¿quién puede hoy convocar a la creación y fortalecimiento de instituciones eficaces para garantizar la convivencia?