Menuda cachaza, más impunes que inmunes se conducen los partidos ante la crisis sanitaria. No sufren efectos ni merma y, aun cuando hablan mucho de ella, les importa un bledo. Tienen y gastan recursos de los cuales se podría echar mano en la emergencia y se hacen ojo de hormiga. En nombre de la democracia, los partidos cuidan una cartera que no es de ellos.
Como por décadas lo han hecho y sobre todo a partir de 2003, defienden el privilegio de gastar exorbitantes recursos económicos, el dinero de los mexicanos que reciben a través del financiamiento público.
Pese al ancestral reclamo ciudadano de bajarle el costo a la democracia, reduciendo las prerrogativas partidistas -en cifras redondas, 10 mil millones de pesos este año- a las organizaciones políticas, les da igual el llamado, como también si alguna emergencia golpea a quienes dicen representar y expresar: la ciudadanía. Gastan y no producen una política correspondiente al monto de lo que cobran.
En esto, asombra otra vez el silencio de la autoridad, el Instituto Nacional Electoral.
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De muy vieja data es la demanda de racionalizar el gasto partidista y hoy, como hace ya casi tres años -cuando el sismo de 2017-, la epidemia provocada por el COVID-19 replantea la urgencia de parar el tiradero de recursos que jubilosamente derrochan los partidos.
En rigor y a raíz de la iniciativa presentada por Morena -a través de los diputados Mario Delgado y Tatiana Clouthier-, el doce de diciembre pasado, se echó abajo la posibilidad de reducir a la mitad el monto del financiamiento público a las formaciones políticas. Con los más rocambolescos, por no decir cínicos, pretextos, hasta los aliados del partido en el poder, esto es, el Partido Verde y del Trabajo, y desde luego Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano repudiaron la idea de disminuir las prerrogativas y el costo de la democracia.
Desechada esa iniciativa -recién refrescada por el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar-, los partidos evitaron perder ingresos en el presupuesto de este año. Ahora, urge retomar el asunto porque si no se legisla al término de mayo, no podrá realizarse esa reforma sino hasta después de la conclusión de los comicios del año entrante. No sobra recordarlo, cualquier modificación a la legislación electoral puede llevarse a cabo hasta noventa días antes del inicio de un proceso y la elección intermedia inicia su proceso el primero de septiembre.
Fija en la Constitución la fórmula que, año tras año, les garantiza y aumenta una multimillonaria cantidad de recursos a dilapidar, los partidos ni una coma le quieren quitar a ese creciente cuerno de la abundancia.
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No se trata de impulsar un acto caritativo y que, a causa de la epidemia, los partidos devuelvan parte de los 5 mil 240 millones de pesos que reciben del presupuesto federal o de los otros 5 mil 139 millones de pesos provenientes de los presupuestos estatales.
No, no es un asunto coyuntural provocado por la emergencia, es un asunto estructural generado por haber establecido en el artículo 41 de la Constitución, la fórmula referida. Si aquello fue un acierto en el origen, hoy es un valladar a la racionalización del gasto. El financiamiento público a los partidos es exagerado, con o sin epidemia.
Aun cuando el presidente López Obrador quisiera tener a los partidos en su conferencia matutina entregando un cheque para comprar ventiladores e insumos médicos, es menester corregir de fondo el problema.
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Quizá un recorte a las prerrogativas debería encuadrarse en una reforma integral del sistema electoral en su conjunto*, pero lo cierto es que, con ese argumento, una y otra vez los partidos han eludido y evadido bajar su costo. Y, eso sí, la coyuntura sanitaria posibilita revisar la estructura del financiamiento público a los partidos.
Varios justificantes del modelo del financiamiento de los partidos ya no encuentran razón de ser o han pervertido el juego político. El dinero público no ha frenado el ingreso de dinero privado -a veces criminal- a los partidos. De a tiro por elección, algún escándalo, llámese Pemexgate, Amigos de Fox o sobornos de Odebrecht, pone al descubierto cómo los partidos baten dinero limpio y sucio en las campañas.
Asimismo, el multimillonario monto de las prerrogativas ha convertido la dirección de los partidos en botín de disputa entre los grupos o las corrientes hegemónicas al interior de ellos. Esa lucha por controlar, administrar y gastar los recursos ha avasallado a las militancias y, a la vez, ensanchado la distancia con la ciudadanía. En suma, ha dado lugar a una política cupular y cerrada en los partidos.
La autoridad electoral, el Instituto, si bien ha logrado dominar la organización y el arbitraje de los comicios, no ha conseguido fiscalizar debidamente el gasto de los partidos, como tampoco evitar la compra y coacción del voto.
Reducir el financiamiento público metería a los partidos en otra dinámica no exenta de riesgos, pero sin duda los haría cerrar la distancia con la ciudadanía.
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En vez de querer sacar raja política de la epidemia o de adornarse devolviendo parte del financiamiento público que reciben, los partidos deberían de modificar el artículo 41 constitucional en atención de quienes dicen representar y expresar: la ciudadanía. Es inaceptable que, en un país con tantos apuros sociales y económicos, haya partidos millonarios con electores pobres o, ahora, enfermos.
*Si puede asómese al debate sobre financiamiento a los partidos, transmitido en Entredichos ,el 6 de febrero: https://youtu.be/o-ZfrI_MBBk