Perfila SCJN invalidar 'muerte civil' a corruptos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila invalidar el castigo de inhabilitación perpetua para funcionarios, empresas o particulares que participen en actos de corrupción al contratar con el Gobierno, también conocida como "muerte civil".
El Ministro Alberto Pérez Dayán propuso ayer a sus colegas anular una reforma vigente en Jalisco desde mayo de 2019, que por primera vez estableció este castigo el país.
Sin embargo, la votación quedó aplazada, luego de que el resto de los ministros rechazó la metodología planteada por Pérez Dayán para abordar el tema, ya que proponía abandonar criterios que la Primera Sala de la Corte ha fijado desde hace años sobre proporcionalidad de las penas.
Pérez Dayán presentará un nuevo proyecto en fecha por definir, pero todos los ministros que adelantaron su criterio sobre el fondo del tema, consideraron que la sanción vitalicia es inconstitucional.
A nivel federal, el Senado aprobó el 21 de marzo de 2019 una reforma similar para crear la inhabilitación "definitiva", que aplicaría en casos graves a todos los niveles de gobierno, pendiente de ratificar por la Cámara de Diputados.
Pérez Dayán propuso la invalidez por dos razones distintas, una para la sanción penal, que sólo es para servidores públicos culpables de algún delito de corrupción, y otra para la administrativa, que también aplica a particulares.
Sobre la primera, el proyecto considera que la inhabilitación vitalicia es una pena trascendente de las que prohíbe el artículo 22 de la Constitución, pues mantiene la sanción al convicto incluso tras salir de prisión, lo que también atenta contra los principios de reinserción social del 18 de la Carta Magna.
En cuanto a la sanción administrativa, Pérez Dayán estima que el Congreso de Jalisco no respetó la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde la inhabilitación máxima para empresas que incurren en actos de corrupción es de diez años.
La ley general es de observancia obligatoria para los Estados, que deben adaptar sus leyes locales.