Emiten recomendación por privación ilegal de GATEs a estatales

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación hacia la Comisión Estatal de Seguridad (CES), luego de que se comprobará que varios policías de la dependencia privaron de la libertad a elementos de la Policía Acreditable del Estado, esto mientras realizaban su detención.

La recomendación 01/2015 se deriva de hechos ocurridos los días ocho y nueve de julio de 2013 en Saltillo, cuando elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), sin justificación ni fundamento legal, privaron de su libertad a los agraviados.

Algunos de los elementos se les decretó la medida disciplinaria del arresto y a otros una orden de arraigo en su contra por autoridad judicial, la cual se les notificó tres días después de que se les privó de su libertad.

No obstante, durante el tiempo que permanecieron detenidos por los elementos GATE y hasta antes de ser presentados ante la autoridad competente, estuvieron incomunicados, sus familiares no pudieron tener contacto con los detenidos, para obtener información sobre la situación y condiciones físicas y de salud en que se encontraban, lo que en el caso de algunos de ellos, derivó en una "renuncia voluntaria".

Lo anterior constituye un ejercicio indebido de la función que desempeñan, además de la existencia de datos que indican que durante el tiempo que estuvieron detenidos por elementos GATE, los agraviados fueron objeto de alteraciones en su salud que constituyen un ejercicio indebido de la función pública por los servidores públicos que incurrieron en la misma.

Ante ello la CDHEC solicitó que se instruya un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que tuvieron intervención en los hechos en perjuicio de los agraviados.

Asimismo, pide se presente una denuncia de hechos ante el Ministerio Público en esta ciudad, a efecto de que se inicie una Averiguación Previa Penal por las conductas violatorias de derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos mencionados.