Desfalco a obreros asciende a casi 20 mdp, quebrando a sindicato de mineros en Monclova
Los ex dirigentes de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático perdieron la apelación y continuarán sujetos a proceso por el desfalco del dinero de los obreros, de casi 20 millones de pesos.
Los acusados son el ex secretario general Patricio Quintero, el ex tesorero Jorge Alarcón y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia.
Las autoridades policiacas montaron un operativo de seguridad en torno al juzgado, ante la amenaza de qué estallara la violencia, por la protesta realizada por un nutrido contingente de obreros de la sección 288.
El alegato de la defensa del ex secretario general, del ex tesorero y el expresidente de la comisión de honor y justicia, se fundamentó que no se podía proceder penalmente en contra de los acusados, pues el dinero que extrajeron del banco se encontraba en cuentas bancarias personales.
Sergio Elizondo Narvaez, representante de los imputados también señaló que la acusación del ministerio público establece que los acusados extrajeron el dinero de una cuenta bancaria inexistente.
La parte acusadora representada por Fidel Hernández Puente, asesor jurídico de los ofendidos estableció que se trató de un error el nombre del banco, porque la cuenta existe en otra institución de ahorro y crédito.
Desestimó que los recursos manejados en las cuentas bancarias por los ex dirigentes sean de ellos, y dijo que es dinero que se les entregó para que lo administrar a nombre del sindicato, y como tales deben responder por ello.
El magistrado Hiradier Huerta Rodríguez, indicó que en base a la causa penal 250/21 el juez autorizó que se iniciaran investigaciones para dictaminar si se cometió el delito de administración fraudulenta por los casi 20 millones de pesos.
De esos, 7.4 millones corresponden al fondo de resistencia o fondo pro huelga, que les debe ser devuelto íntegro a los obreros.
En la audiencia de vista, para analizar las impugnaciones, analizó los alegatos de ambas partes y anunció que tres días después del día siguiente de la audiencia les notificaría de manera legal su resolución, pero les adelantó una plática en la que les explicó que no procedían las inconformidades, por lo que los acusados seguirán bajo proceso penal.
Al Ministerio Público y al asesor jurídico de la parte demandante les indicó que no hay fundamentos legales para pedir prisión preventiva para los tres acusados, ni se les pueden embargar sus bienes patrimoniales ni inmovilizar sus cuentas bancarias porque todavía no concluye la investigación y el proceso penal continuará.