Exsecretario Ildefonso Guajardo conoció pruebas en marzo

La Fiscalía General de la República (FGR) manifestó que el exsecretario de Economía en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y actual diputado federal electo, Ildefonso Guajardo, tuvo cuatro meses para demostrar su inocencia y no lo hizo.

En un comunicado consultado por el diario Reforma, la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero señaló desde el 8 de marzo pasado, Guajardo y su defensa tuvieron acceso a las pruebas en su contra, luego de la denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 12 de octubre de 2020 por enriquecimiento ilícito.

Añadió que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta correspondiente, dándosela a conocer al acusado en la fecha anteriormente señalada, “otorgándole acceso a todas las pruebas aportadas; lo cual se ha continuado, de manera permanente, hasta el día de la audiencia”, indicó.

“Se reitera que, en este aspecto y en todas las pruebas, desde el 8 de marzo, se le ha dado acceso permanente a toda la indagatoria y, a su vez, se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstancias, la única opción del Ministerio Público Federal (MPF), fue la judicialización del caso”.

Guajardo afirmó el viernes, luego de que se le vinculara a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, que durante el proceso en su contra detectaron una especie de enfriamiento en la comunicación con la FGR, por lo que el pasado 5 de julio sus abogados acudieron personalmente a revisar el estatus.

Afirmó que fue hasta ese momento cuando se percataron de que el expediente ya había sido judicializado desde el 30 de junio, por lo que tuvo que presentarse a una audiencia.

En esta nueva etapa, refirió el exfuncionario, se enfrentó a nuevas acusaciones como el señalamiento sobre un depósito de 300 mil dólares que le realizó su hermano en una cuenta aperturada en Estados Unidos, desde que se desempeñó como funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre 1988 y 1991.

El viernes, el también excoordinador de la campaña del PRI en Nuevo León, advirtió que las acciones legales en su contra podrían tener móviles de carácter político.

“No quiero acusar a nadie, pero esto me huele a persecución política”, indicó en un comunicado.

Ayer, la Fiscalía negó cualquier persecución política en el caso y llamó a demostrar tales afirmaciones. “Si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia, resulta que las pruebas que debió de haber entregado ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular”, anotó la FGR.

“Bajo esa premisa, la FGR responde que son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Ildefonso ‘G’, y de su abogado, en el sentido de que el caso ‘huele a persecución política’, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas; ya que la denuncia de este asunto la presentó la Secretaría de la Función Pública Federal ante la FGR el 12 de octubre de 2020”, reiteró.

La dependencia señaló que la principal acusación contra Guajardo es sobre una cuenta en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos.

“La acusación principal se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de $8, 169, 639.00 pesos, cantidad que él afirma, que proviene del repudio que hizo en 2014, de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana; y, al respecto, él entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”, señala la FGR.

Por estas y otras observaciones denunciadas por la SFP a la Fiscalía, la dependencia señaló que en la audiencia ante el Juez de Control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente.

“Y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado”, señaló la FGR.