AMLO anuncia decreto para liberar a presos sin sentencia, torturados y mayores de 75 años
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.
En el acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó la situación jurídica de tres personas que se encuentran en la cárcel y que no han sido sentenciadas, entre ellas Israel Vallarta.
Sánchez Cordero informó que, en total, son 95 mil 547 las personas no sentenciadas en el país.
Y respecto al caso específico de Vallarta, señaló que su defensa no ha aceptado la estrategia propuesta por la Segob para conseguir su libertad por el caso Florence Cassez.
La funcionaria lamentó que Israel Vallarta está detenido desde 2005 por 4 delitos, en 2 causas penales, pero manifestó que su caso se revisa desde 2019 en coordinación con él y sus familiares.
Sánchez Cordero advirtió que "cualquier persona, sea quien sea, que haya sido objeto de tortura, debe ser puesta en libertad de inmediato y los torturadores deben ser castigados".
En ese sentido, el presidente López Obrador indicó que, mediante un decreto, se establecerá que los presos sin sentencia después de 10 años y que no hayan cometido delitos graves, los mayores de 75 años y aquellos que sobrepasen los 65 años y tengan alguna enfermedad, así como los torturados, serán liberados.
El mandatario informó que preparará el documento la próxima semana con la meta de liberar a los reos a más tardar el 15 de septiembre, aunque no precisó el número de beneficiados.
López Obrador justificó el decreto al señalar que de las más de 220,000 personas que hay en las cárceles, el 43 % no tiene sentencia.
"Es importante que se tome en cuenta que hay muchos detenidos, reclusos, internos, que no tienen sentencia, y no solo es fuero federal, también es fuero común y es la mayoría", sostuvo.
Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) reportó en marzo pasado una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, de un total 288, es decir, 60 % del total.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Sánchez Cordero, expuso que el Decreto de Política Carcelaria se dirigirá a los jueces de ejecución.
Los adultos mayores excarcelados podrán cursar el resto de su condena en prisión domiciliaria.
Cualquier persona que lleve presa 10 años o más sin una sentencia obtendrá su liberación, si el delito no es grave, al igual que cualquiera que compruebe tortura con base en el Protocolo de Estambul.
"El presidente también ha instruido que en este Gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal", declaró Sánchez Cordero.
El Gobierno ha atribuido el problema al rezago que existe en los juzgados, al presentar que el Poder Judicial de la Federación tiene una carga laboral de 2.4 millones de trámites, mientras que los tribunales superiores de justicia de los estados tienen una de 31 millones.
"No es posible que se tenga una dilación en la administración de Justicia, de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva", expresó Sánchez Cordero.