Especialistas están preocupados por control de reos liberados ante decreto en México
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara un decreto para liberar a presos federales que hayan sido víctimas de tortura, quienes llevan más de 10 años esperando sentencia, así como de los presos de más de 75 años detenidos por delitos no graves y de quienes, con más de 65 años, padezcan enfermedades crónicas, especialistas mostraron su preocupación sobre la forma en que se implementará.
Pese a la positividad del caso de los mayores de 65 años con padecimientos crónicos, especialistas se dicen preocupados sobre la forma en que será implementado, los mecanismos de supervisión y seguimiento, así como el alcance de la nueva política de liberación.
Con el anuncio del presidente, de que solo los reos federales se verían beneficiados, el Ejecutivo federal reveló que hay 579 reos federales que llevan entre 10 y 15 años presos sin sentencia, y 90 que han acumulado entre 15 y 20 años en esa misma condición.
Cabe recalcar que en el caso de los enfermos crónicos mayores de 65 años ellos continuarán sus juicios o sentencias en prisión domiciliaria, igual para el grupo de 75 años o más.
En México hay más de 94 mil presos sin sentencia (un 43 % del total), pero solo siete mil 200 de ellos están en prisiones federales.
En ese sentido, Juan José García Ochoa, funcionario del sistema penitenciario, puntualizó que hay menos de 300 presos mayores de 65 años en cárceles federales.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, abogado experto en derechos humanos y director de la ONG Idheas, explicó a The Associated Press que el anuncio de López Obrador implica un llamado de atención a que las leyes se cumplan.
Agregó que es importante que haya una declaración política presidencial contundente contra la tortura porque los ministerios públicos siguen utilizándola como "parte de la investigación".
En este sentido, enfatizó la importancia de que todas las denuncias se investiguen de forma independiente y no como ocurre ahora, que los peritajes sobre este tipo de abusos los realiza el propio Ministerio Público, es decir, el acusado de practicarlos.
Según el último informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre tortura, en 2020 la fiscalía federal tenía más de cuatro mil 600 denuncias, pero en los últimos dos años solo se habían judicializado nueve casos.
Al respecto, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, cuestionó por ejemplo qué autoridad va a tramitar las solicitudes y quién va a supervisar la prisión domiciliaria de las personas beneficiadas.
En entrevista, urgió a contemplar un mecanismo de acompañamiento integral para los posibles beneficiarios, a fin de garantizar un proceso simplificado, como prometió el presidente, y ampliar el alcance del decreto.