Chile avanza en el proyecto para indultar a los detenidos en las protestas de 2019
El proyecto de ley que busca conceder indultos en Chile a todos los detenidos durante la grave ola de protestas iniciada en octubre de 2019, uno de los temas más controvertidos en el país, avanzó este miércoles en el Parlamento tras más de un mes parado.
Por 3 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó esta iniciativa, a la que el Gobierno se opone frontalmente y que todavía debe sortear los plenos de las dos cámaras.
La norma busca eximir de responsabilidad penal y remitir la pena a quienes hayan sido apresados en el marco de una manifestación a partir de octubre de 2019, cuando estalló la mayor crisis social en los 31 años de democracia en el país.
Una subida mínima en el precio del tiquete de metro hizo estallar entonces unas masivas revueltas que dejaron una treintena de fallecidos, miles de heridos, señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad e innumerables episodios de violencia con incendios y saqueos.
La Fiscalía Nacional contabilizó que hay 25 imputados por delitos cometidos en el contexto del estallido social entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, que actualmente están en prisión preventiva e investigados por delitos como homicidio consumado y frustrado, robos, incendios y porte ilegal de armas.
Desde las agrupaciones de familiares de presos sostienen, sin embargo, que el indulto aplicaría a más de 800 personas.
En la mañana, se convocó una protesta en favor de la liberación de los manifestantes que reunió a un grupo reducido de personas frente a la sede del Gobierno, el Palacio de La Moneda, que se saldó con una veintena de personas detenidas por saltarse el perímetro de seguridad.
"En Chile, el derecho a la protesta ya no existe. Los detuvieron violentamente y se los llevaron sin ninguna justificación", aseguró la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Antonia Rolland.
El proyecto de indulto, presentado por senadores opositores, reconoce que los actos por los cuales se ha detenido a un gran número de personas son punibles, aunque sostienen que durante esa ola de protestas se produjo "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y múltiples procesos penales".
En tanto, el presidente de Chile, elderechista Sebastián Piñera, ha sostenido en reiteradas ocasiones que en el país "no hay presos políticos" porque nadie está privado de libertad por cómo piensa, sino gente encarcelada por cometer graves delitos, y amenazó con vetar el proyecto en caso de que prospere.
También se pronunció al respecto la convención que redacta la nueva Constitución de Chile, que en una polémica declaración solicitó al Parlamento el pasado 8 de julio que avanzara en la tramitación de este proyecto de ley.
La redacción de la nueva carta magna surgió precisamente como la vía política para calmar las protestas, y la convención, formada en gran parte por independientes de tendencia progresista, tiene un año para redactar el texto que podría sustituir la actual, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).