La Fiscalía General de la República (FGR) emprende acciones en contra de Ricardo Anaya.
Según el diario Reforma, la fiscalía acusó al panista de recibir sobornos del exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, para lograr la aprobación de la reforma energética. Ricardo Anaya afirmó el sábado pasado que se iniciaría una persecución política.
Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó al ex candidato presidencial panista a una audiencia inicial para imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Anaya fue citado para el próximo jueves a las 10:00 horas para la audiencia de imputación, según confirmaron fuentes del Poder Judicial de la Federación.
Los delitos contra Anaya son los mismos por los que fue imputado y procesado el ex senador panista Jorge Luis Lavalle detenido en abril pasado y preso actualmente en el Reclusorio Norte.
Además de Anaya y Lavalle, también están implicados los ex senadores y actuales Gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
También son acusados los ex legisladores Ernesto Cordero y Salvador Vega Casillas; y Osiris Hernández, ex secretario particular de Anaya.
Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Jorge Luis Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha confirmado los sobornos del ex director de Pemex a los ex senadores panistas y a Ricardo Anaya.
Si bien ninguno de los ilícitos merece la prisión preventiva de oficio, la FGR puede solicitar la prisión preventiva justificada, en caso de considerar que Anaya tenga los recursos o los antecedentes migratorios que hagan suponer que puede darse a la fuga, tal y como lo planteó con Lavalle, hoy privado de su libertad.
Aunque la Fiscalía sostiene que Lozoya entregó 97 millones 190 mil pesos a los legisladores de oposición para aprobar la reforma energética, los testimonios del ex director de Pemex y de su chofer Miguel Pérez Esquivel señalan que en el caso específico de Anaya la entrega fue de 6 millones 800 mil pesos y se habría llevado a cabo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados.
Desde el primer momento, Anaya rechazó la imputación e incluso presentó una demanda por daño moral, ya que dijo que en agosto de 2014, cuando supuestamente le pagaron el soborno en el recinto legislativo, él ya no era diputado.
En un video que difundió el pasado sábado, el panista manifestó que la FGR permitió que los testigos que le imputan corrigieran este error y perfeccionaran la imputación, para proceder penalmente en su contra.
En su mensaje, Anaya dijo que estaría fuera durante una temporada, ya que el Presidente Andrés López Obrador lo quiere “fregar a la mala” y meterlo a la cárcel para que no sea candidato en el 2024.
La imputación tiene como punto de partida la denuncia que Lozoya presentó el 11 de agosto del 2020 ante la Fiscalía, y que dio lugar al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGICDMX/865/2020.
En su querella, Lozoya acusa a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como ex senadores como Francisco García Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
El denunciante afirma que los sobornos que recibió de Odebrecht a su vez los empleó para sobornar a legisladores del PRI y del PAN para que aprobaran las reformas estructurales, principalmente la energética.
Lavalle es uno de los señalados y su subordinado Rafael Caraveo declaró que fueron por lo menos 25 millones de pesos, dinero que asegura haber recibido en 15 maletas a nombre del exsenador.