El permiso que el Gobierno federal concedió en enero para que los hospitales privados y los Gobiernos estatales compren y apliquen la vacuna contra el COVID-19 ha quedado solo en el papel. No está claro si la aprobación definitiva del inmunizante de Pfizer-BioNtech en Estados Unidos modificará la situación.
Según el diario Reforma, el pasado 25 de enero, por orden Presidencial, la Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer un acuerdo en el que permitió a estados e instituciones privadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) a coadyuvar en la inmunización en contra del COVID-19, como una “acción extraordinaria en materia de salubridad general”.
Dicho acuerdo autorizó la compra directa a las farmacéuticas y la aplicación de vacunas por los actores mencionados, siempre y cuando se atuvieran al calendario de la Política Nacional de Vacunación (PNV), y mantuvieran informada a la Ssa.
Las vacunas, sin embargo, sólo han obtenido autorizaciones para uso de emergencia, y las farmacéuticas sólo han estado vendiendo a gobiernos nacionales.
Con la aprobación plena anunciada el lunes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la vacuna de Pfizer se podrá comercializar en Estados Unidos en paquetes de 25 y 195 frascos de dos mililitros, bajo el nombre Comirnaty, y podrá ser aplicada a mayores de 16 años por médicos que no tendrían que estar afiliados al programa de distribución que ha implementado el gobierno de ese país.
No obstante, Pfizer aclaró de inmediato que, en Estados Unidos, seguirá vendiendo la vacuna sólo al Gobierno federal de ese país hasta abril de 2022, para que, a su vez, la distribuya a miles de farmacias y hospitales privados, así como centros de vacunación de los gobiernos estatales.
En México, la aplicación de la vacuna ha sido controlada por el Gobierno federal, con cierta colaboración de Gobiernos estatales, y la exclusión del sector privado, y en ocho meses se ha aplicado un promedio de 332 mil dosis diarias. A estas alturas, 25 por ciento de la población total ha recibido el esquema completo.
El acuerdo del 23 de enero de la Secretaría de Salud, sin embargo, planteaba a estatales y privados presentar (a la Ssa) los contratos con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas e informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas y las aplicadas a la población en general.
Así como respetar el calendario y prioridad por grupos de personas de la PNV para evitar duplicidad; instrumentar medidas de prevención y control conforme a criterios de la Ssa, y garantizar la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo.