En riesgo, creación de empleos por Ley sobre outsourcing

Pérdida de empleos, menores salarios y un problema de transparencia es lo que se avecina con la implementación acelerada de la Ley Laboral que deja fuera el modelo de trabajo outsourcing.

A pesar de que los empresarios pedían una segunda prórroga, la Ley se implementó a la expectativa de los riesgos administrativos y económicos que se puedan derivar en las empresas.

Con la medida se han regularizado ya 2.7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12 por ciento de su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

"Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el Repse (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)", avisó la secretaria en sus redes esta semana.

UNA REFORMA 'ANTINEOLIBERAL'

El Gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el "outsourcing", que considera herencia del "periodo neoliberal".

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50 % de costos.

Además, el "outsourcing" le impedía al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percibir 773 millones de pesos al año, aseveró el  director, Zoé Robledo.

Pero ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que 56 % de las compañías no han podido registrarse en el Repse, por lo que denunció que la prórroga es insuficiente.

"Implica un riesgo para empresas y sus colaboradores, pues quienes no logren obtener el registro antes del 1 de septiembre dejarán de prestar servicios a sus clientes y, por ende, existe el riesgo de que desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal", sostuvo.

Armando Leñero Llaca, director del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), señaló que la transición al esquema de servicios especializados representa un costo adicional, que compensará disminuyendo los salarios a más de 575 mil trabajadores.

Indicó que, en algunos casos, las compañías no notifican el esquema de sustitución patronal, con la idea de no transparentar la disminución en la prima de los trabajadores, lo que representa un riesgo no solo para los salarios, sino para la prestación de seguridad social, de acuerdo a lo informado por el IMSS.

Leñero Llaca explicó que el costo del empleo formal es alto, pues significa 35 centavos por cada peso nominal que se paga a un trabajador.

"La diferencia con esta reducción de los salarios es que en lugar de un peso ganado por los empleados, ahora son solo 70 centavos, y con ello se marca una diferencia importante", dijo.

Recordó que, durante la pandemia por COVID-19, los patrones tuvieron que hacer recortes de casi el 20 % de sus colaboradores. Con estas modificaciones, indicó que se verá un menor crecimiento del empleo formal, sumado a los cerca de 300 mil empleos que aún se tienen pendientes por recuperar.

Otro desafío durante este plazo es cumplir con todos los requerimientos y evitar sanciones que pueden alcanzar hasta los 4.4 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.