Acataremos resolución de la SCJN, responden Gobierno de Coahuila y diputados
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votara a favor de la despenalización del aborto, el Gobierno de Coahuila, a cargo de Miguel Ángel Riquelme Solís, y el Congreso del Estado, liderado por Eduardo Olmos, indicaron que acatarán la decisión de los ministros.
Durante la tarde de ayer el Gobierno de Coahuila indicó que trabaja para "fortalecer el respeto de los derechos humanos y libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como el respeto a la vida”.
Asimismo mencionó que es una resolución, que sienta un precedente, pues al existir diez votos en el mismo sentido, se crea jurisprudencia.
Por su parte, el Congreso del Estado de Coahuila también indicó que será respetuoso de las decisiones de la Corte, Al igual que sucederá con los demás estados de la república, que deberán observar este mismo criterio para no penalizar a ninguna mujer por la interrupción del embarazo.
"El Poder Legislativo estará atento y acatará las disposiciones que deriven de dicha resolución, para en su caso desarrollar el trabajo legislativo que permita garantizar la continuidad en un ejercicio pleno de los derechos humanos", se indico a través de un comunicado oficial emitido la tarde de ayer.
Además se aseguró que durante la Sexagésima Segunda Legislatura, este año los diferentes grupos parlamentarios han venido trabajando en diversas iniciativas, puntos de acuerdo, pronunciamientos y otras acciones legislativas en favor de la mujer.
Cabe mencionar que esta sentencia tuvo origen hace cuatro años, cuando la entonces Procuraduría General de la República, PGR, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, por los artículos 195 y 196 del nuevo Código Penal de Coahuila aprobado en 2017.
Con la resolución que se da para Coahuila se sienta un precedente que se basa en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Al ser una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las entidades federativas deberán regirse por este criterio, es decir, ninguna mujer podrá estar en la cárcel por abortar de manera voluntaria.