Clausuran centro de rehabilitación en Francisco I. Madero tras muerte de interno
Al exterior se observa la cinta amarilla que colocaron los elementos de la Fiscalía del Estado tras el fallecimiento de un interno; por dentro, un viejo sillón y un escritorio que fungía como área de recepción a un lado; prácticamente en el patio se encuentra una mesa en la que todavía permanecen platos y vasos donde servían los alimentos de las personas que eran "rehabilitadas".
Se trata del anexo "María Isabel", el cual se encuentra en la colonia Nuevo Linares de Francisco I. Madero, donde el 26 de agosto murió Jesús Pacheco Hernández, de 32 años.
Dicho "Centro de Rehabilitación" funcionaba de forma irregular, ya que no contaba con los permisos que emite la Secretaría de Salud; fue lo que se confirmó en el Departamento de Regulación y Fomento Sanitario, pues en ningún momento los responsables tramitaron el aviso de funcionamiento.
Manuel Alejandro Valles Flores, coordinador del mencionado departamento, indicó que esos lugares de rehabilitación deben cumplir con ciertas especificaciones; por ejemplo, en el caso de los grupos de ayuda mutua, donde solamente se realizan reuniones y no funciona como internado, deben contar con el aviso de funcionamiento.
En aquellas "residencias" las personas abandonan el lugar al lograr su recuperación, deben contar con un médico, una enfermera y en ciertos casos psicólogo; con base en lo que estipula la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), deben contar con un aviso de responsable sanitario, ya que en algunos casos se les suministran medicamentos controlados.
El entrevistado reiteró que no se cuenta con un censo de anexos o centros de rehabilitación, debido a que ninguno ha acudido a darse de alta, sin embargo, se tiene conocimiento de que en Madero hay algunos, los cuales se encuentran de manera irregular.
Por lo anterior, desde hace días el personal de Regulación Sanitaria se está capacitando, ya que se hará un operativo de verificación de ese tipo de centros, pues son los facultados para aplicar las medidas de seguridad, así como las sanciones correspondientes con base en la Ley General de Salud, la cual establece que deben notificar 30 días antes de su apertura.