Vaya nuevo capítulo que se está ofreciendo en el presente sexenio con el asunto de que la Fiscalía General de la República le ha solicitado a un juez federal le obsequie 31 órdenes de aprehensión por el presunto delito de que se desviaron recursos públicos a través de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hacia una asociación civil denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
La Fiscalía aduce que se transfirieron fondos por un monto total de 244 millones de pesos durante seis años y que todo ello constituye, según la normatividad aplicable desde el punto de vista de la propia Fiscalía, la comisión de diversos delitos.
Por supuesto que la información disponible da cuenta en materia técnica de en qué se está sustentando la acusación, pero para efectos de compresión generalizada, lo que el organismo autónomo encabezado por Alejandro Gertz Manero, como lo es la Fiscalía General de la República, organismo del Estado mexicano encargado de procurar justicia a los mexicanos en materia del fuero federal, está persiguiendo la posible colusión de 31 personas para transferir millonarias sumas de dinero del Conacyt, organismo público, al dichoso FCCyT, asociación civil, donde en el segundo, por tratarse de un ente de carácter privado, deja de ser regulado por las normas aplicables a los institutos pertenecientes al Estado, lo cual facilita evidentemente mover el dinero de manera menos controlada.
Evidentemente no se ha hecho esperar la reacción del mundo académico sobre el tema. El Conacyt es el organismo en México que se encarga de financiar con recursos públicos el desarrollo de la ciencia en el país. Tiene por supuesto reglamentos para que aquel que se acerque a la institución en busca de financiamiento pueda, si cubre los requisitos, recibir dinero para su investigación o bien la beca necesaria para poder continuar sus estudios una vez resuelto el natural sustento económico que toda persona requiere.
Así pues, se está acusando a 31 miembros de este sector de la sociedad que propiamente están dedicados a la academia e investigación, lo que ha desatado el rechazo (a priori, hay que puntualizar) de aquel sector de la sociedad que es considerado intelectual, en el que se encuentran, entre otros, los periodistas que opinan en las páginas editoriales de los periódicos y en los espacios radiofónicos, televisivos y aquellos que son transmitidos por internet bajo cualquier plataforma.
Por el momento el poder judicial ha rechazado en un par de ocasiones el obsequiar las órdenes de aprehensión, lo que hace suponer que ciertamente la fiscalía no ha sido capaz de acreditar los elementos para que se configure la presunción de la comisión de delitos.
Pero más allá de que el poder judicial ha rechazado otorgar las órdenes de detención, hay elementos que hacen suponer que este no es un asunto que corre los cauces normales de un asunto de tipo penal.
Uno de los elementos es que el propio fiscal Gertz, que sin duda tiene su trayectoria académica, quiso ser reconocido como investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, lo cual la comunidad científica que tiene que aprobarlo rechazó, incluso lo acusó de plagio para completar su última publicación.
Con ello parecería, pues, que es una vendetta entre el rechazado de un puesto poderoso y algunos miembros de la nomenklatura académica. Incluso la dependencia que encabeza el rechazado lanza imputaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Lo que quiere el fiscal es que estos 31 acusados sí o sí permanezcan tras las rejas.
Aunque en la Fiscalía, en su papel de autónoma, existe el elemento de que el actual Gobierno ha despreciado sistemáticamente los pronunciamientos que ha hecho el mundo intelectual sobre diversos temas en materia económica, de seguridad aérea y, el más sensible de todos, la salud pública.
Se ha dicho hasta el cansancio que el Tren Maya y la refinería Dos Bocas están condenados al fracaso económico; igual a lo que sucedió con la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, donde se desdeñaron todas las voces acerca de la conveniencia y seguridad en el manejo del tráfico aéreo; y la más grave de todas: las políticas adoptadas en el manejo de la pandemia, donde el doctor Hugo López-Gatell renunció al conocimiento científico por una convicción ideológica.
Habrá que ver en qué termina este asunto del Conacyt y Alejandro Gertz Manero. Es posible, claro, que sí se hayan robado dinero, no se puede descartar solamente porque los presuntos son académicos, aunque lo que huele es a que se trata de una torpe persecución política contra un grupo más que no se allana a muchas de las sandeces que este Gobierno ha cometido.