Fue en 2012 cuando ambos fueron a prisión acusados del delito de aborto: ella por haberse inducido la pérdida del producto y él, señalado por haber comprado las pastillas con las que su pareja se realizó el procedimiento. La detención de ambos ocurrió tres años después de los hechos, según relata en entrevista para EL UNIVERSAL Verónica Cruz Sánchez, directora y fundadora de la asociación civil Las Libres de Guanajuato, que dio acompañamiento legal y sicológico a ambos.
De acuerdo con la activista, todo comenzó tras la interrupción del embarazo en 2009, que finalmente requirió atención médica en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital del estado.
Tras atender a la mujer (cuya identidad se mantiene en reserva) los médicos dieron parte a la entonces Procuraduría General del Estado de que la paciente había inducido su aborto.
Hoy, a casi 10 años de distancia, la criminalización del derecho a decidir continúa: sólo en cuatro de 32 estados han legislado en favor de la despenalización, y en lo que va de este año, entre enero y agosto, fueron abiertas 480 carpetas de investigación por aborto como delito, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los estados que más carpetas acumulan son Estado de México (102), Nuevo León (82), Ciudad de México (58), Tamaulipas (33) y Querétaro (24), entidades donde la constante ha sido la negativa de los congresos locales a reformar sus códigos penales, y además tres de ellos (Nuevo León, Tamaulipas y Querétaro) consideran en sus Constituciones locales el derecho a la vida desde la concepción, lo que complica el espectro legal para los derechos.
Eso no es todo, pues según colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), los datos sobre criminalización no son del todo claros, pues a la fecha ninguna entidad ha transparentado el sexo de los acusados. Tampoco se habla de las mujeres que son investigadas y encarceladas bajo "homicidio en razón de parentesco", por decidir interrumpir sus embarazos.
Sólo a través de solicitudes de información pública es posible saber, por ejemplo, que de 2011 a 2021 a seis personas se les ha dictado una sentencia bajo esta causa penal en el estado de Puebla.
"Cuando uno empieza a pensar y a preguntarse cuáles son las mujeres que están encarceladas por el delito de aborto, no encontramos, porque los delitos fueron tipificados de una manera diferente. Casi todos los casos de aborto espontáneo van tipificados como homicidio en razón de parentesco.
No ha habido una garantía de que las mujeres lleven buenos procesos por una cuestión moral y de criminalización", señala en entrevista con esta casa editorial Aidé García, subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) México.
Desde San Luis Potosí, al volver al caso de la pareja llevada a prisión, Cruz Sánchez destaca que en el anterior sistema penal, y según el Código Penal estatal, el aborto era un delito grave en el que sólo se estipulaba la figura de la mujer como quien podía cometerlo. Bajo ese argumento, seis meses después de ser encarcelados él fue absuelto y logró salir. Ella, en cambio, estuvo en prisión un año y nueve meses, hasta que Las Libres de Guanajuato interpusieron una serie de recursos que permitieron que pagara "su condena" fuera de prisión.
"Fue el primer caso que intentamos llevar a la corte, justo para hacerles la pregunta constitucional que finalmente se resolvió el 7 de septiembre pasado: si el delito de aborto era inconstitucional o constitucional. Ese caso era sumamente importante porque era la primera vez, por importancia y relevancia, que la Corte debió haber discutido al respecto (…) sin embargo, el recurso terminó archivado, ni siquiera llegamos a que la Corte lo atrajera", detalla la activista Verónica Cruz.
Un derecho que se ha ido ganando
Pese a la permanencia de la criminalización, este 28 de septiembre, en el contexto del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, la subdirectora de CDD resalta la importancia de algunas acciones en torno al tema que han ocurrido en el último año, como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Hidalgo y Veracruz, y, sobre todo, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional penalizar la interrupción voluntaria del embarazo..
"Tras de la despenalización en la Ciudad de México (2007) vimos pasar muchos años. Hubo mucho trabajo, estar insistiendo y demandando el derecho a decidir. Ahora, la Suprema Corte da tres fallos importantes: uno que tiene que ver con la no criminalización, otro sobre la derogación del derecho la vida desde la concepción y uno más acerca de que la objeción de conciencia no es un derecho humano, sino una libertad con límites", dice.
A la determinación de la Corte se sumó la postura de la Secretaría de Gobernación, que, sin dar números exactos, anunció que ha "identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien por haber sido partícipes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, (distintas instancias) trabajan en conjunto para su liberación".
De acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL, a la fecha hay 20 entidades que garantizan la protección de la vida desde la fecundación, argumento que se invalida con la determinación de la Corte, pero que por años había sido un alegato bajo el cual se ha negado la discusión de la despenalización del aborto en los diferentes estados.
"Los grupos antiderechos se han opuesto históricamente al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, pero ahora nos parece que estos grupos están perdiendo cada vez más sustento en sus argumentaciones (...) este es un momento histórico ante la deuda que existe hacia las mujeres. Hemos recibido muchos llamados de diputados de los nuevos congresos, que quieren asesoría para armonizar la ley; eso nos ofrece una buena señal, esperemos que cumplan", remata Aidé García.