IMEF expone riesgos de aprobarse la reforma energética
Desde la perspectiva del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), de aprobarse la iniciativa de Reforma Energética, se generarían varios riesgos en el país, por lo que exhortó al Congreso de la Unión a analizar a fondo los impactos que tendría y se anteponga el interés de la Nación a consideraciones políticas.
El organismo explicó que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reduciría la transparencia y el sustento técnico de decisiones fundamentales para el sano desarrollo del sector energético mexicano, dejándolas a consideraciones políticas.
Se atentaría gravemente contra la competencia, inhibiendo incentivos naturales para la productividad del sector y para la generación de condiciones de precio justas para los consumidores. Se afectaría la competitividad de la planta productiva nacional, al no contar con insumos eléctricos fundamentales para las actividades productivas, en condiciones similares a competidores comerciales internacionales.
Se afectaría de manera negativa la ejecución de contratos ya firmados por empresas inversionistas con el Estado mexicano.
Se daría una nueva señal contundente a los inversionistas nacionales y extranjeros sobre la vulnerabilidad de nuestro estado de derecho, lo que eleva sustancialmente el riesgo de invertir en México y limita de manera profunda la capacidad de crecimiento económico del país.
Rezagaría al país de la transición energética global hacia fuentes limpias y renovables de energía, afectando la salud de los mexicanos. Se ejercería una mayor presión sobre las finanzas públicas nacionales, lo que elevaría su vulnerabilidad.
Se elevaría el riesgo de acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de trato no discriminatorio, inversiones, expropiaciones indirectas, así como la venta y compra por parte de empresas del Estado y monopolios, lo cual elevaría los costos del propio Estado mexicano y reduciría la capacidad operativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por lo anterior, la aprobación de la Iniciativa en los términos en los que está planteada resultaría contraproducente para sus propios objetivos, para el bienestar de las familias mexicanas, para el desarrollo del sector energético y para la economía nacional.