Durante el sexenio de Vicente Fox, visitó nuestro país el señor Alexander Borain, quien fuera artífice de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, y presidente adjunto de la misma, bajo la presidencia del Arzobispo Desmond Tutu. La visita a México del señor Borain se debió al apoyo de Mariclaire Acosta Urquidi, entonces Subsecretaria de Derechos Humanos de SRE.
El señor Borain, con el acompañamiento del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, se entrevistó con los entonces procurador General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, entre otros, con el fin de intentar convencerlos de los beneficios que traería para México el establecer una Comisión de la Verdad respecto de los crímenes cometidos durante la guerra sucia.
Aquellos intentos no fructificaron, y el gobierno de Fox optó por crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que fracasó en su supuesto intento de procesar a los responsables de los crímenes cometidos durante la llamada guerra sucia, entre ellos, al presidente Luis Echeverría Álvarez. Produjo, sin embargo, un informe que pretendía satisfacer, de algún modo, el derecho a la verdad de las víctimas de la guerra sucia y de la sociedad en general.
El pasado 6 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
La Comisión de la Verdad creada mediante este decreto, en realidad no reúne las garantías orgánicas de independencia e imparcialidad necesarias. Estará integrada por las personas titulares de Segob, SRE, SHCP, el Archivo General de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y cinco personas expertas elegidas por Segob; pero solamente una de esas cinco personas expertas, la que sea elegida como su presidenta por ellas mismas, tendrá voto. Esto hace que esta Comisión de la Verdad sea una institución del gobierno, y no de la ciudadanía, como en realidad debería de serlo.
El artículo quinto del Decreto establece que la SRE establecerá vínculos con instancias internacionales para que la Segob suscriba los instrumentos que correspondan para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión. Esto, a primera vista, parece benéfico, pero la carencia de autonomía de la Comisión y el dominio que de ella tendrá el gobierno, prevalece. (¿Sedena abrirá sus archivos?)
Mejor hubiera sido que se hubiera atendido la propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación que diversos sectores de la sociedad civil, presentaron al gobierno de la República al concluir la caminata del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en enero de 2020. Dicha propuesta se le entregó a miembros del gabinete de seguridad del gobierno actual, pues al Presidente de la República le dio flojera recibir a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los voceros de dicha caminata, a quienes tachó de "conservadores".
Esa propuesta consiste en establecer un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones, verdaderamente ciudadano, con la participación de expertos internacionales y el apoyo de organismos supranacionales en materia de derechos humanos. El hoy Presidente, siendo candidato, dijo estar de acuerdo en establecer un mecanismo de esta naturaleza, no sólo para esclarecer los hechos de la guerra sucia, sino también para lograr verdad, justicia y reparaciones por las múltiples atrocidades que se han venido cometiendo después de la guerra sucia y hasta la actualidad. Promesa incumplida, hasta hoy.
Twitter: @CORCUERAS