Agua Saludable pareciera un 'cheque en blanco', advierte Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental
El Centro para la Evaluación del Desempeño Gubernamental (Cedeg) solicitó vía transparencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los puntos más elementales que debe contener cualquier proyecto gubernamental y la respuesta fue un esbozo general, sin proyectos específicos, presupuestos definidos, ni mecanismos de medición de avances y resultados, en torno a Agua Saludable para La Laguna.
Lo anterior a pesar de la “búsqueda minuciosa y exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos”, según reza la respuesta emitida por la dependencia federal. Rafael Olivares García, director del Cedeg, consideró que hay un cheque en blanco por 11 mil 252 millones de pesos.
Explicó que los presupuestos asignados no cuentan con un diagnóstico específico que permita saber en qué se va a gastar y cómo se va a saber si el gasto cumplirá el objetivo esperado. Tampoco se encuentran alineados en una planeación operativa y presupuestal.
Por ejemplo, indicó que se invertirán 1,769 millones para obras y acciones para la tecnificación y el mejoramiento de la eficacia del riego agrícola, pero no se explica cómo llegaron a esa cantidad, si hay un estudio específico, qué obras realizarán, qué tecnologías aplicarán, en dónde y a quienes, qué cantidad de agua se ahorrará con esa inversión.
"Lo mismo sucede con los 929 millones destinados a obras y acciones de mejoramiento de eficiencia física y comercial de organismos operadores: ¿cuánto corresponde a cada municipio? ¿qué porcentaje corresponde a la sustitución de líneas de conducción y cuanto para fortalecer la cobranza? ¿en dónde está el diagnóstico monetizado de cada municipio, procesos, tiempos, etc?", expresó.
Olivares dijo que, sin la información básica y elemental, sustentada y proyectada, no se tiene la certeza de que los 11 mil 252 millones de pesos serán suficientes, manejados con eficiencia, transparencia, honradez y sobre todo que se alcanzarán los objetivos para los cuales fueron destinados, como lo establece el artículo 134 de la Constitución Mexicana.
Consideró que ahora toca a la sociedad civil organizada el exigir que las autoridades correspondientes, de los ámbitos federal, estatal y municipal, que presenten un proyecto serio, sustentado y que pueda ser sujeto de supervisión y seguimiento por parte de los ciudadanos.