INE ajusta la revocación de mandato al presupuesto disponible

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer ayer que la organización del ejercicio de revocación de mandato del presidente se ajustará al presupuesto disponible de mil 503 millones de pesos. 

Según el diario Reforma, después de la resolución de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó seguir con el proceso con los recursos disponibles, la institución electoral respondió que acatará la decisión en sus términos, aunque espera la resolución de fondo respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado siete de diciembre, ante la insuficiencia de presupuesto. 

“Hasta el momento, el INE sólo cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar la revocación de mandato derivado de ajustes y recortes en proyectos, frente a lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de todas las actividades. 

“En ese sentido, para acatar la resolución incidental de la Comisión de Receso de la SCJN, la Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto”, precisó el INE. 

Indicó que acatará lo señalado sobre ajustarse al margen presupuestario y que por eso es necesario conocer la resolución sobre la controversia, pues está en juego que se pueda cumplir a cabalidad con otras disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato. 

“Por lo pronto, la determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter provisional y no resuelve el fondo del asunto. 

“La determinación de fondo será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales”, señaló. 

Asimismo, indicó, el artículo 41 de dicha ley señala la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior; es decir, más de 161 mil casillas, cuya integración sea por parte de ciudadanos que integrarán las mesas receptoras en los términos que determina la ley. 

Señaló que esos mandatos de ley implican una inversión de 3 mil 830 millones de pesos, los cuales fueron programados en el proyecto de presupuesto entregado por el INE. 

En un comunicado, recordó que pese a la solicitud financiera para realizar dicho ejercicio, la Cámara de Diputados hizo un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que dejó al órgano sin los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio de participación ciudadana. 

El INE indicó que sigue el proceso de verificación y validación de firmas de ciudadanos que solicitan el ejercicio de revocación de mandato, para lo cual se requiere el respaldo de 3 por ciento de personas inscritas en la Lista Nominal. 

Ese ejercicio, precisó, nunca fue suspendido, por lo que se continúa con la revisión de las firmas en papel que se han recibido en los últimos días, en más de mil 400 cajas, que se suman al millón 44 mil 630 firmas que ya pasaron por los controles y revisiones necesarias, para que abonen al cumplimiento del requisito constitucional. 

“Una vez concluida esta etapa, la Dirección del Registro Federal de Electores entregará los resultados de la revisión y validación de cada uno de los apoyos de la ciudadanía para que el Secretario Ejecutivo presente al Consejo General el informe final sobre el cumplimiento del requisito constitucional a más tardar el 4 de febrero de 2022”, apuntó el INE.

Denuncia penalmente a seis consejeros del INE 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que el pasado 17 de diciembre aprobaron suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato, bajo el argumento de falta de presupuesto. 

Se trata del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, así como a las y los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano autónomo, a quienes se demanda por la comisión de “hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte”.