Rosario Robles Berlanga continuará recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Su esperanza de recibir el año nuevo en casa -alentada por un juez de amparo que ordenó revisar y justificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada- se diluyó ayer cuando el juez de la causa, Ganther Alejandro Villar Ceballos, la ratificó y consideró improcedente cambiarla por prisión domiciliaria.
Es la quinta ocasión que le niegan a Robles continuar en su domicilio el proceso penal que se le abrió por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, derivado del presunto desvío de cinco mil millones de pesos cometido cuando estuvo al frente de la Sedesol y la Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la famosa Estafa Maestra.
El juez de amparo Augusto Octavio Mejía Olvera determinó el pasado 23 de diciembre (juicio 678/2020-III), que el juez Villar Ceballos "incumplió con lo ordenado" por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de amparar debidamente a Robles Berlanga. Por eso dejó sin efecto la prisión preventiva justificada y ordenó una nueva audiencia, celebrada ayer, para revisar la medida cautelar y, eventualmente, cambiarla por la prisión domiciliaria.
Cabe precisar que la orden del juez de amparo no fue conceder prisión domiciliaria, sino revisar y justificar la prisión preventiva. Y eso fue lo que hizo el juez de la causa Villar Ceballos al considerar que, ni por edad ni por estado de salud, procedía darle ese beneficio a la acusada, además de persistir un alto riesgo de fuga.
Más allá del debate jurídico del caso, es imposible soslayar sus implicaciones políticas. Para el gobierno de AMLO el beneficio a Robles de la prisión domiciliaria impactaría su prometida cruzada contra la corrupción de actores políticos del pasado que, incluso, fue motivo de la primera consulta popular constitucional. Implicaría, además, potenciar la percepción de impunidad que provocó el largo periodo en el que exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, gozó del beneficio de la prisión domiciliaria.
Robles, por otra parte, protagonizó durante sus tiempos en el PRD un choque frontal con AMLO, episodio que incluyó los videoescándalos de 2004, en momentos en que sostenía una relación sentimental con quien los urdió, el empresario Carlos Ahumada.
Y en esto juega un hecho reciente: la autorización del gobierno argentino de extraditarlo a México, anunciada el pasado 22 de diciembre. La respuesta de Ahumada fue inmediata y contundente al amenazar con sacar a la luz otros videos de personajes cercanos a AMLO recibiendo fajos de dinero, como fue el caso de quien fuera su secretario particular, René Bejarano, y de Carlos Imaz, exesposo de Claudia Sheinbaum.
Otra bomba como aquella cuya onda expansiva sacudió al país, podría volver a detonar. Ahumada nunca ha estado dispuesto a caer solo. Baste leer su libro "Derecho de Réplica" en el que asegura que los videos grabados en su oficina fueron utilizados en un complot "para acabar con el Mesías", del que fueron parte Vicente Fox, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel y otros, pero sobre la base de un hecho que a su juicio es incuestionable: la enorme corrupción que imperó durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México.
Todo esto debe ponderarse para entender lo que ocurre en el proceso contra Rosario Robles.
Twitter: @RaulRodriguezC