EDITORIAL

Yo río libre

Julio César Ramírez

Once años de negligencia. Y falta ver si la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, que inició su segundo periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero, aprueba la Ley General de Aguas pendiente desde el 2012, o repite la omisión señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No está de más recordar, en este día 5, al cumplirse el 106 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el reconocimiento del derecho humano al agua y el saneamiento en la Carta Magna es, sin duda, un logro del movimiento nacional e internacional en defensa del agua, hace poco más de una década.

Ahora, la tercera semana de enero fue de cabildeo de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida en el Senado -cámara de origen-, para abrirle paso a la Ley General de Aguas que derogue la Ley de Aguas Nacionales de 1992.

En el centro está la Propuesta de Proyecto de Dictamen y Articulado de la Ley General de Aguas. Ha dicho Morena en el Senado que en su agenda destaca, entre otras, la Ley General de Aguas.

Al convocar a la Conferencia del Agua 2023 de las Naciones Unidas -a realizarse del 22 al 24 de marzo en Nueva York, en el marco del Día Mundial del Agua, con movilizaciones en múltiples geografías del planeta-, el relator de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, pidió a los gobiernos abrir espacios de diálogo con los movimientos sociales y asumir la obligación de garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento de todo el mundo, en particular de los pueblos indígenas, respetando su derecho de autodeterminación y de control de sus recursos.

Así que los días de marzo son clave.

Antes del 2012 -año del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y al saneamiento-, en México existía una inmensa cantidad de demandas y conflictos sociales relacionados con el agua y el medio ambiente sobre temas como contaminación, sobreexplotación, discriminación y privatización, principalmente.

Varios actores sociales se habían articulado a nivel nacional en defensa del agua y de los territorios, como eran el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) que junto a otros aliados impulsaba la mesa ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Consejo de Pueblos de Morelos y el Congreso de Cuencas y Ciudades, entre muchos otros.

El tema del agua estaba posicionado a nivel nacional por lo menos desde 2006, cuando se realizó en el país el IV Foro Mundial del Agua.

Para oponerse a los acuerdos a que estaban llegando empresas y estados sin escuchar la voz, las propuestas y las demandas de los pueblos y la ciudadanía, en aquel 2006 se organizaron una serie de actividades en el marco del Foro Internacional en Defensa del Agua.

En ese contexto, se realizó una marcha masiva en la Ciudad de México que articuló a muchos sectores y marcó un hito en cuanto a movilización por el agua.

Gracias al trabajo conjunto de varios actores provenientes de la sociedad civil y de la academia, que contaron con respaldo de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de derechos humanos que modificó 11 artículos de la Carta Magna.

El nuevo artículo 1° de la Constitución previó entonces la "interpretación conforme", lo que implica que todas las normas relacionadas con los derechos humanos deberán interpretarse tomando en consideración tanto la Constitución como los Tratados Internacionales en la materia que hayan sido firmados y ratificados por México.

Gracias al camino abierto por la reforma de 2011 y al esfuerzo del movimiento internacional y mexicano en materia de derecho humano al agua, el 8 de febrero del 2012 se publicó la reforma al artículo 4° de la Carta Magna, que eleva a rango constitucional, el derecho humano al agua y al saneamiento.

Es de apreciar que el artículo 4° recoge todos los elementos de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, además de incluir el reconocimiento explícito al saneamiento.

El tercer artículo transitorio de la reforma estableció además la obligación para el Poder Legislativo de elaborar, en los 360 días siguientes, una Ley General de Aguas, deber incumplido hasta ahora, por omisión.

Todo lo establecido en la reforma al artículo 4° ha representado una oportunidad muy significativa para que el debate sobre el agua volviera a ser central a nivel nacional, articulara diferentes esfuerzos alrededor de la nueva Ley y de otras estrategias y favoreciera la participación ciudadana.

De ahí la insistencia: Ley General de Aguas, ya.

@kardenche

Escrito en: agua, General, derecho, humano

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