SCJN discute amparos presentados por maestros
Los derechos laborales no están por encima del derecho a recibir una educación de calidad, por lo que la reforma educativa no transgrede los derechos del magisterio, es el planteamiento del proyecto que discute el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros del Alto tribunal comenzaron con la discusión del primer amparo de 26 que tienen en lista, presentados por el magisterio disidente que se opone a ser evaluados.
En lo que fue la primera sesión en la que se abordó el amparo 295/2014 contra el Congreso de la Unión y otras autoridades por el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de Servicio Profesional Docente, ley general de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
En el primero de los agravios que se estudia, los maestros aseguran que se vulnera lo dispuesto en el artículo 123 constitucional; sin embargo, el proyecto menciona que la relación laboral del personal docente se encuentran reguladas por el artículo antes mencionado y que por regla general los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser suspendidos o cesados en los términos de esa ley; sin embargo la regla general admite diversas excepciones derivadas el tercero constitucional.
"El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos".
En ese sentido, los maestros tienen la obligación de someterse a evaluaciones para determinar no solo su ingreso, promoción y reconocimiento, sino también su permanencia en el servicio profesional.
Cabe recordar que el juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, negó un amparo a los maestros en contra de las leyes secundarias de la reforma educativa.
El 21 de octubre de 2013, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron al Palacio de Justicia Federal, ubicado en San Lázaro, para interponer más de 7 mil amparos en contra de la reforma educativa.
Al resolver el amparo 415/2013, el juez consideró que las leyes de Servicio Profesional Docente, de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no contraviene los derechos de los trabajadores de la educación consagrados tanto en la Constitución como en tratados internacionales.
En su resolución, el impartidor de justicia detalló que las normas secundarias de la reforma educativa tienen como finalidad dar cumplimiento al tercero constitucional que establece que la educación que imparta el Estado debe de ser de calidad.