Rechaza PGJE que en Coahuila haya impunidad
Al asegurar que se desconoce cuál fue el proceso para determinar que en Coahuila prevalece la impunidad, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), evitó dar su postura al respecto y rechazó los resultados de un estudio publicado, al asegurar que incluso, se ha disminuido el rezago de averiguaciones.
"Desconozco cuál haya sido la metodología o el proceso para llegar a esa conclusión, pues a esta institución no han pedido ninguna información relacionada con este asunto, además que desconozco cuál es la fuente", dijo Norberto Ontiveros, subprocurador ministerial.
En su defensa señaló que el rezago que se tenía de expedientes desde la pasada administración ha sido reducido hasta en un gran porcentaje.
"En la administración se recibió un rezago de 160 mil 395 averiguaciones previas penales y a la fecha tenemos que se han concluido 122 mil", reveló.
Por otro lado, en cuanto a que en los últimos 3 años Coahuila ha mantenido en un 90 por ciento la cifra de impunidad por los delitos de robo, el subprocurador se mostró en desacuerdo y aseveró que los índices delictivos continúan en decremento.
"Es una aseveración que yo no comparto y no comulgo, pues los índices delictivos van a la baja, pues las personas que se dedican a robar han sido procesadas", dijo.
El día de ayer se dio a conocer los resultados del Índice Global de Impunidad México 2016, en donde se señaló que Coahuila y Durango ocupan las posiciones 26 y 29 de la lista de 31 entidades clasificadas, con calificaciones de 72.93 y 73.97, respectivamente.
Ambos estados fueron colocados dentro de los 13 estados con un grado de impunidad muy alta.
El estudio destacó que Coahuila "sí abre averiguaciones previas y sí registra delitos", pero el número de inculpados y/o imputados muestran un rezago institucional, pues hubo 20,810 averiguaciones previas, frente a 30,486 inculpados. "Es decir, la demanda de éstos sobrepasa la capacidad de la institución".
También se detectan problemas graves en el número de delitos registrados, procesados y/o imputados y sentenciados, pues más allá de la ausencia de información en estos ámbitos por parte del estado, se observa claramente una disminución de casos de encarcelados en comparación con los casos de inculpados.