Ligan con el PRI a juez que liberó a Humberto
Humberto Moreira no era un desconocido para Santiago Pedraz, juez que encabezó en España el proceso por cohecho y blanqueo de capitales en contra del exgobernador de Coahuila.
De acuerdo con el diario El Español, Pedraz se involucró en varios foros organizados por el PRI en 2012 a invitación de Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, asesor legal de Enrique Peña en 2011 y que la defensa de Moreira buscó ficharlo como abogado defensor.
Según el portal Garzón mantuvo con Moreira y otras figuras del PRI una reunión privada en la sede nacional para abordar propuestas sobre la lucha contra la corrupción y derechos humanos. Eso intensificó todavía más las relaciones de Garzón con los líderes mexicanos y seis meses después el exjuez de la Audiencia Nacional fue invitado al Foro Internacional Seguridad con Legalidad, al que acudieron también otros dos compañeros españoles: Fernando Andreu y Santiago Pedraz, encargado ahora de juzgar a Moreira.
Tal vínculo, sugiere El Español, podría haber influenciado a Pedraz a abandonar el caso contra quien fuera líder del PRI en 2011.
Cuando Moreira fue detenido en enero, otro magistrado, José de la Mata, le tomó declaración, pese a que Pedraz era quien había llevado el caso por casi un año, pero afirmó tener un compromiso ineludible el mismo día que el coahuilense fue arrestado.
Fue hasta cinco días después que el juez entrevistó al exgobernador, entonces en prisión preventiva en la cárcel madrileña Real de Soto. Para entonces, la defensa había acumulado pruebas que presuntamente acreditaban la procedencia de los fondos por los que Moreira estaba bajo investigación.
"La Fiscalía consideró las pruebas del todo insuficientes y mantuvo su petición de prisión preventiva para evitar la destrucción de pruebas y que Moreira abandonara el país. Sin embargo, Pedraz no les secundó.
"Levantó las medidas cautelares que pesaban contra Moreira. Pedraz le devolvió el pasaporte y el exgobernador de Coahuila volvió raudo a su país. Después, el juez archivó la causa contra él", indicó El Español.
El portal agregó que el pasado viernes, la Policía Nacional detuvo también en España al empresario méxicano José Manuel M. Luévano. Fue la segunda fase del caso Moreira, decantado favorablemente sólo para el político mexicano.
Da gran ayuda a donantes de Garzón
El portal de noticias El Español presentó que la relación entre el juez Santiago Pedraz y el exjuez Baltazar Garzón es de antaño, pero que además les ha traído buenos dividendos para ambos.
El juez Santiago Pedraz archivó en mayo de 2011 una denuncia pública que acusaba al grupo Eurofinsa de comprar a funcionarios y políticos en Angola. Y siete meses después, la constructora se convirtió en el principal donante español de la recién creada Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), el organismo creado tras la sentencia que apartó al magistrado de la carrera judicial para canalizar sus conferencias, cursos y acciones sociales. En dos años (2012 y 2013), la constructora donó un total de 400,000 euros a la entidad.
Según el portal la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Eurofinsa acreditaba la entrega de joyas, coches e incluso 16.5 millones de euros en supuestos préstamos a altos responsables del gobierno angoleño. Sin embargo, el juez Pedraz consideró que no estaba suficientemente acreditada la voluntad de la constructora española de corromper a los funcionarios para conseguir 300 millones de euros en contratos públicos. La decisión supuso un considerable revuelo jurídico, comparable a la puesta en libertad el pasado mes de enero de Humberto Moreira. En el caso de Eurofinsa, Pedraz consideró acreditada la existencia de los regalos, pero los justificó en su auto, ya que "podrían ser en atención al cargo o por amistad subsiguiente". "No se sabe qué acción u omisión o qué acto injusto han realizado los funcionarios señalados", apostilló el juez en mayo de 2011. La operación más cuestionada fue la entrega de 16.5 millones de euros al hijo del presidente angoleño -José Filomeno De Sousa Dos Santos- por medio de varias sociedades interpuestas.
La Fiscalía considero que los fondos estaban destinados a conseguir sin concurso público un contrato de 300 millones de euros entre Eurofinsa y el Instituto de Carreteras de Angola (INEA).