Aseguran que Congreso se extralimitó con ley

El legislador panista Edmundo Gómez, indicó que el Congreso Local se "extralimitó" con la creación de la Ley para la Declaratoria de Ausencia, en donde indica que empresarios deberán pagar los sueldos de personas desaparecidas.

Asimismo dijo que el artículo es inconstitucional y serán los Tribunales quienes resuelvan, ya que en la agenda de los legisladores no se encuentra la modificación de esta nueva Ley.

"La Ley Laboral Federal no establece esa prestación que aquí se está acordando y por eso no es posible acatar", señaló el legislador del PAN, Edmundo Gómez.

Agregó: "Somos sensibles ante este grave crimen que es la desaparición forzada, pero no se puede obligar a un empresario a pagar los sueldos de las personas que desaparezcan, por doloroso que sea, porque esto no es una prestación".

NO TOMARON EN CUENTA A LOS EMPRESARIOS

Pese a que la nueva Ley indica en su artículo 10 que familiares o hijos menores deberán recibir el sueldo cuando una persona haya desaparecidos, esto no fue consultado con empresarios.

Tras su aprobación, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la región sureste, manifestó su inconformidad, sin embargo no tuvo réplica entre los legisladores.

"Este no es un tema que esté en la agenda del ejecutivo o diputados. Tendrán que ser los magistrados quienes decidan. Se sumará a las otras 6 leyes que se han aprobado en Coahuila y declarado inconstitucionales", reiteró el diputado panista Edmundo Gómez.

SEÑALAN EXCESOS EN LA LEY

Otro punto de la nueva Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas en Coahuila es que se suspendan todos los créditos y prestaciones que hubieran adquirido a lo largo de su vida, de forma indefinida.

Para el especialista en Derecho, Hugo Morales, esto es un exceso en cuanto a que, aún cuando una persona llega a morir, no se suspenden sus obligaciones, sino que entran en vigor seguros o alternativas jurídicas de suspensión de pago temporal.

La nueva Ley reconoce además la posibilidad de que los parientes de la persona desaparecida puedan ejercer los créditos que tuviera autorizados, sabiendo que no tendrían la obligación de pagarlos, pues está suspendido el crédito.

Morales dijo que, a pesar de que se generan beneficios de corte social, hay personas concretas que podrían verse perjudicadas en sus bienes, por lo que los empresarios podrían interponer amparos, recursos administrativos o mercantiles, en el momento en que sea aplicable.

"Hay controversia en materia laboral, en materia mercantil e incluso en materia fiscal", comentó. Esto último porque también se establece la suspensión de sus obligaciones fiscales, cuando esto es de competencia federal.