Denuncian abuso de poder de funcionarias de Poder Judicial
Un hombre denunció ser víctima de abuso de poder por parte de funcionarias del Poder Judicial, esto luego de que fuera acusado de violencia familiar, tras pedir el divorcio a su esposa, quien aseguró se ha visto beneficiada de forma arbitraria.
Trascendió que incluso no lo han dejado acercarse a sus hijas y ha sido arrestado en diversas ocasiones sin motivo alguno.
Todo empezó cuando Ismael ”N”, pidió el divorcio a su pareja de nombre Carmen “N”, la cual inicio un juicio en el Juzgado Especializado en Violencia Familiar con competencia mixta del Distrito Judicial de Saltillo, del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
De acuerdo a lo que señaló desde el principio, el juicio ha estado plagado de irregularidades y arbitrariedades, como el ocultamiento de documentos del expediente y notificaciones con mucho retraso al demandado.
Denunció que durante la celebración de las audiencias, la jueza Lilia Verónica Sánchez Castillo se ha mostrado agresiva y parcial, cargada hacia la parte actora.
Aseguró que la jueza ordenó un arresto, no obstante, pese a que promovió un juicio de Amparo y un Juzgado Federal le concedió la suspensión provisional y definitiva, la jueza ejecutó el arresto el día 19 de octubre de 2021.
Trascendió que fueron elementos adscritos al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer (CJEM), quienes ese día a las 7:00 am y con lujo de violencia privaron de su libertad al demandado, para retenerlo ilegalmente por al menos dos horas en las instalaciones del Centro.
Fue después, que lo recluyeron en los separos de la Policía Municipal de Saltillo por más de 24 horas, violando este amparo.
Por otro lado, estando detenido, se le giraron y notificaron en las instalaciones de la Policía Municipal, otros dos arrestos más, sin fundamentación, ni motivación.
Hasta el momento los dictámenes psicológicos del Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial, y las opiniones de los agentes del Ministerio Público de Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y CJEM han coincidido que no existió violencia de parte del demandado a la actora, y que señalan que el demando no representa peligro para la actora y para sus dos menores hijas.
Por lo anterior se ha prolongado innecesariamente el juicio difiriendo las audiencias y ordenando arrestos ilegales al demandado.