La ley no se vota, se ejecuta: Sindicato Democrático respecto a consulta popular de expresidentes

Después de calificar como una medida demagógica del presidente Andrés Manuel López Obrador la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de México, el Sindicato Nacional Democrático señaló que “la ley no se vota, se ejecuta” y demandó aplicar también la justicia contra el senador Napoleón Gómez Urrutia.

El portavoz del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, Gerardo Flores Escobedo, explicó que las leyes están hechas para ser aplicadas, y consideró como un acto demagógico y protagónico el convocar a la población a votar para ver si son o no enjuiciados los anteriores exmandatarios.

Expuso que si cometieron delitos, que sean procesados legalmente y que paguen por lo que hicieron. No se debe someter a votación cuando se debe castigar a quienes obraron mal.

Consideró que en lugar de gastar tantos millones de pesos en una consulta popular, que esos recursos sean destinados a investigar, si así lo considera el presidente, a los exmandatarios para encontrar las pruebas que demuestren, en el caso de que así sea, de que actuaron violando la ley.

Agregó que si se somete a consulta la aplicación de las leyes, convocó a que también se hagan lo mismo con Napoleón Gómez Urrutia, y que encueste a los mineros de Cananea para ver si encarcelan y embargan al líder nacional Minero por el robo de los 55 millones de dólares, porque a ellos les quitó el dinero.

Cuestionó el proceso judicial en contra del presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, a quien encarceló sin someter a votación ante el pueblo o los monclovenses si debería ser enjuiciado.

Reiteró que la consulta popular, además de no ser legal porque la justicia se aplica y no se somete a votación, sostuvo que es protagónica y totalmente demagógica.

Consideró que López Obrador pretende lavarse las manos para no actuar en contra de los presidentes anteriores a él, o enjuiciarlos sin quedar en mal con ellos porque sería “decisión del pueblo” el enjuiciamiento.

Agregó que no mira hacia su propio gobierno, y los abusos de corrupción, excesos y tráfico de influencias los solapa y los encubre, como el caso concreto de Gómez Urrutia, a quien los tribunales federales le ordenaron restituir el fideicomiso de 55 millones de dólares de los mineros de Cananea, mientras que el legislador y líder minero se niega a hacerlo.

También citó los casos sospechosos de dos hermanos del Presidente de la República que fueron videograbados recibiendo grandes cantidades de dinero para aparentes financiamientos de campañas políticas.

En estos casos el mandatario declaró que los videos eran campañas para dañar su imagen, pero no habló de investigar sobre los aparentes hechos de corrupción ni de castigar a los implicados en éstos.