Van cuatro años de revisión de informe sobre delitos de lesa humanidad en Coahuila ante Corte Penal Internacional

Esta semana se cumplieron cuatro años desde que fue presentado el informe "México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad", ante la Corte Penal internacional y, a través del cual se solicitó abrir un examen preliminar sobre los graves crímenes cometidos en el estado mexicano de Coahuila, entre los años 2009 y 2016.

Dicho informe se basa en una investigación y análisis jurídico realizado por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) con el apoyo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil mexicana, entre ellas la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desparecidas de Piedras Negras.

"El tema de los avances de la comunicación, pues estamos todavía en etapa preliminar. Esto se lleva tiempo, lo que sí es que la Fiscalía de la Corte Penal ha estado pidiendo más información sobre la comunicación que se realizó", manifestó Ariana García Bosque, representante legal de Familias Unidas.

Cabe mencionar que, en el citado informe se da a conocer que se detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

García Bosque, representante legal de la organización civil Familias Unidas, recordó que están en espera de que la CPI abra un examen preliminar sobre dicha comunicación, además de recordar que dichos procesos ante la citada organización internacional llevan tiempo, inclusive años.

La comunicación se basó en más de 500 casos concretos, testimonios, e indagaciones; que permiten evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad.

También hace referencia a que se demuestra que “en Coahuila, no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga”.

Inclusive refiere la existencia de una política de parte del Estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil, los autores concluyen que del 2009 al 2012 las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad en colusión con el grupo del crimen organizado de los Zetas.

Mientras que, del 2011 al 2016, las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.